* Atropello gubernamental a Universidad Nacional
* Abierta violación a una garantía constitucional
La única manera de preservar la institucionalidad y el Estado de derecho en Colombia es que se acaten los mandatos constitucionales y legales. Como lo hemos recalcado cada tanto en estas páginas, el Gobierno debe ser el primero en aplicarse a esta premisa. Sin embargo, una vez más, desde la Casa de Nariño se insiste en saltarse los linderos de la normatividad, pese a la gravedad que tal proceder implica.
El artículo 69 de la Carta Política es taxativo en señalar que en nuestro país se garantiza la autonomía universitaria y, en virtud de ello, los claustros de educación superior pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. El mismo apartado constitucional precisa que la ley establecerá un régimen especial para las instituciones de carácter oficial e incluso deja en cabeza del Estado varias obligaciones para fortalecer estas instituciones, sin que ello dé pie a intervenirlas caprichosamente.
La autonomía universitaria se entiende, entonces, como una garantía fundamental dentro del Estado de derecho. De hecho, en los sistemas democráticos la libertad de cátedra es una prerrogativa fundamental, ello en el entendido, según lo establece la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional, de que la misma constituye el derecho que les asiste a todas las personas que realizan una actividad docente para presentar un programa de estudio, investigación y evaluación que, según su criterio, se refleje en el mejoramiento del nivel académico de los educandos. Ello permite el pluralismo y el debate sin cortapisas.
Visto lo anterior, resulta a todas luces claro que la insistencia del Gobierno, a través del Ministerio de Educación –ya sea por la titular de la cartera o por otro integrante del gabinete designado como ad hoc– en cuanto a desconocer la designación en marzo del docente Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, el principal claustro de educación superior pública en el país, no solo viola de manera abierta y flagrante ese principio de autonomía universitaria, sino que desconoce el procedimiento reglado y legal que permitió al Consejo Superior Universitario (CSU) proceder a tal designación.
No en vano se produjo un alud de advertencias y reacciones de múltiples sectores académicos, jurídicos y políticos descalificando la controvertida resolución del Ministerio, el jueves pasado, en donde se ordena al CSU reunirse de urgencia y nombrar un rector encargado. La directriz no solo carece de validez, sino que de inmediato fue demandada ante las instancias respectivas. Es más, la propia Procuraduría General ordenó este viernes la apertura de una investigación contra el ministro ad hoc, Juan David Correa, por la presunta extralimitación de funciones. Pero la pesquisa disciplinaria no termina allí. El Ministerio Público también puso la lupa en las instrucciones sobre adoptar medidas que permitieran superar la vacancia de la representación estudiantil en el Consejo, con lo que también se estaría vulnerando la autonomía universitaria.
Desde la elección de Peña es claro que el Ejecutivo ha tratado infructuosamente de reversar el proceso, ya que para nadie es un secreto que el candidato que respaldaba no fue el escogido. Se llegó al extremo de que, ante la negativa del Ministerio para firmar las actas respectivas de lo determinado por el CSU, le tocó a Peña acudir a un notario para tomar posesión del cargo. A ello se suma que la inexplicable postura gubernamental agravó el ya de por sí tenso ambiente en el claustro, lo que ha sido aprovechado por algunos grupúsculos de radicales que protagonizan actos de intimidación internos, así como disturbios y bloqueos en las afueras del alma mater en Bogotá. Incluso, se llegó al extremo, en una acción típicamente terrorista, de intentar incendiar una estación del sistema Transmilenio días atrás.
Flaco favor les hace el Gobierno a la Nacional y a la educación superior pública en general con esta clase de injerencias indebidas en los mecanismos democráticos internos de las universidades oficiales. Igualmente graves resultan los señalamientos al Ejecutivo en torno a que intenta politizar las rectorías de estas instituciones con el fin de ponerlas al servicio de su causa ideológica. Las denuncias sobre una presunta intención de manipular al estudiantado para que haga parte de sus controvertidos llamados a la ‘movilización popular’ e iniciativa ‘constituyente’ son, asimismo, un asunto aún más delicado, que raya en prácticas propias de regímenes autoritarios de vieja y nueva data.
Es imperativo, entonces, que los entes de control actúen dentro de sus respectivas competencias para proteger a toda costa la autonomía universitaria. La red de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, debe hacer causa común para frenar este atropello. Docentes, alumnos y directivas no pueden resignarse, como tampoco la academia, partidos políticos y otras instancias. Una lesión a esta garantía pone en peligro la institucionalidad y la propia democracia.