Blindar libertad de prensa | El Nuevo Siglo
Miércoles, 2 de Mayo de 2012

* Viejas y nuevas amenazas en Colombia

* El caso del reportero de guerra francés

La celebración mañana del Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene un sabor agridulce. De un lado, afortunadamente la institucionalidad colombiana continúa siendo portaestandarte en materia de respeto a la libertad de expresión y opinión. Ello es más relevante si se compara con lo que pasa en Venezuela o Ecuador, en donde los fuertes enfrentamientos entre los medios de comunicación y los gobiernos de turno, han derivado en expropiaciones, cierres de periódicos, canales de televisión y emisoras, así como en la judicialización de importantes periodistas, editorialistas y columnistas.

También es evidente que el número de asesinatos y atentados contra los comunicadores ha disminuido. Según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) si bien Colombia es el país con más periodistas abatidos en América Latina en los últimos 35 años  (139 muertes relacionadas con el oficio), la situación en la última década ha mejorado, pues mientras en 2002 hubo 10 casos, en 2011 sólo uno. En cuanto a este año, se investiga si el asesinato a mediados de marzo del periodista y  líder político Argemiro Cárdenas  Agudelo,  en Dosquebradas (Risaralda) tuvo alguna relación con sus labores profesionales. Igual ocurre con el caso del periodista Jesús Martínez Orozco, ultimado el 30 de marzo en Sabanalarga, Atlántico. Las mismas estadísticas de la FLIP señalan, igualmente, que se han denunciado 26 amenazas a periodistas y un caso de exilio.

Y como si lo anterior fuera poco, en la antesala del Día Mundial de la Libertad de Prensa hay una gran preocupación por la suerte del corresponsal de guerra francés, Roméo Langlois, quien desapareció el fin de semana cuando cubría un operativo antinarcóticos en Caquetá, que desembocó en un combate con subversivos. Según lo confirmó ayer una persona que se identificó como guerrillera de las Farc, el periodista estaría en poder de la subversión como “prisionero de guerra”, algo absolutamente reprochable, ruín y violatorio de la libertad de prensa.

El alto riesgo a que se ven expuestos a diario los periodistas en Colombia no es la única preocupación del gremio. Las denuncias penales contra editorialistas y columnistas se han vuelto el pan de cada día. Incluso, semanas atrás se confirmó una condena contra un comunicador de Cundinamarca, Luis Agustín González. La medida judicial generó honda preocupación en instancias periodísticas nacionales e internacionales así como en las relatorías de libertad de expresión de la ONU y la OEA por el temor de que a través de la misma se haya lesionado irreversiblemente el derecho a opinar libremente. El caso se espera sea resuelto en última instancia por la Corte Suprema de Justicia. A ello se suman las alertas por el riesgo de prescripción de muchos procesos penales e investigaciones por asesinatos y atentados contra trabajadores de los medios de comunicación. También decepciona lo poco que sobre los crímenes contra la prensa han confesado cabecillas guerrilleros, paramilitares y de las mafias que, se supone, llegan a acuerdos de rebajas de penas con fiscales y jueces a cambio de contar toda la verdad sobre sus delitos.

A la par de todo lo anterior, los gremios periodísticos han pedido ajustes a proyectos de ley como los relacionados con Inteligencia y Contrainteligencia, la regulación de derechos de autor y contenidos en Internet, el riesgo de más gravámenes a la industria editorial y otras iniciativas legislativas y reglamentarias que impactan directa e indirectamente el ejercicio de los medios de comunicación. Es más, crecen las voces que urgen la aprobación de una Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública, tal como existe en otros países. Por igual, aumenta la preocupación por las reformas al estatus de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA.

Como se ve, si bien el panorama para la libertad de prensa, información y opinión viene mejorando en Colombia, aún persisten viejas amenazas al tiempo que surgen otras. Corresponde a todos, desde el Estado, los medios y la ciudadanía, hacerles frente, toda vez que no hay nada que evidencie mejor la democracia de un país, que una prensa libre y con responsabilidad social.