*Un candidato confiable en la materia
*Declarar emergencia pública en seguridad
LA seguridad ciudadana es, a no dudarlo, el tema central y casi único que las encuestas demuestran como prioritario en la campaña por la Alcaldía de Bogotá. De hecho, los sondeos revelan que el 50% de la población capitalina tiene ese elemento como el primer problema a resolver, seguido muy de lejos por el tema de la movilidad con alrededor del 20% y muchísimo más abajo los asuntos de salud, educación y vivienda, inferiores a la franja del 10%. De modo que las señales son categóricas para los candidatos que, en tal sentido, deben concentrarse en prontas respuestas a la ciudadanía.
No es secreto, claro está, que esto pudiera ser así. Desde hace ya varios años la ciudad de Bogotá ha tenido una preocupación primordial por el asunto. Posiblemente se han adelantado políticas, como las del desarme y la meta más baja en homicidios, pero ello no ha sido óbice para que, por el contrario, los ciudadanos se sientan desamparados y huérfanos de una verdadera política de seguridad ciudadana. Inclusive, la adopción de mecanismos como la acción policial por cuadrantes ha tenido cierto recibo favorable, pero aun así se muestra claramente insuficiente frente a la percepción ciudadana que particularmente se siente insegura en las vías, el transporte público, los centros de salud, las plazas de mercado y en los lugares de aglomeración citadinos.
Esto, por supuesto, en el concepto restrictivo de la seguridad que se refiere exclusivamente a la criminalidad y los episodios contravencionales. Si se tratara de la seguridad en el concepto más amplio, que además de lo anterior involucra la calidad de vida, del ambiente, del espacio público y otros factores, seguramente los resultados serían más dramáticos. En todo caso, las variables de convivencia ciudadana están en franco deterioro. De hecho, con los sondeos recientemente publicados, es válido decir que en el Distrito Capital se debería adoptar, de inmediato, una política de emergencia pública en seguridad. No hay otra manera de entender los mensajes de los bogotanos que, como está visto, claman por un pronto ajuste en este rubro indispensable para el desarrollo y el bienestar social.
La victimización en la ciudad ronda el 22%, cuatro puntos por encima del promedio nacional, o sea que casi uno de cada cuatro ciudadanos ha sido víctima de un delito en el último tiempo. Esto para no incluir el evidente estado contravencional, por decirlo así, que se vive permanentemente en la capital y que demuestra el fracaso en la aplicación del Código de Policía.
Es por ello, justamente, que encuestas especializadas y técnicas como las del DANE, señalan en cuanto a la percepción de seguridad que el 66.3% de la población capitalina mayor de 15 años se siente totalmente insegura y en riesgo de sufrir alguna agresión u hostilidad. Esto es alrededor del 12% por encima del promedio nacional que está en el 54%. Será, igualmente, porque en Bogotá delitos como el hurto a personas, vehículos y residencias están, de la misma manera, por encima de la media colombiana.
Está dicho por la ONU, desde 1996, que la violencia, incluida la urbana, es un problema de salud pública. Lo es, precisamente, porque no solo afecta al agredido de manera grave, sino al tejido social en su conjunto, determinando un tipo sicológico que no es el mejor para una cultura conviviente y la solidaridad como elemento sustancial de la civilización.
Tendría, pues, que elegir la ciudadanía, en la justa electoral que se ha iniciado en firme, una persona decididamente experta en temas de seguridad. Y exigir, de una vez por todas, que se cumpla el artículo correspondiente del Estatuto Orgánico de Bogotá de acuerdo con el cual el Alcalde Mayor no es solamente la primera autoridad de policía de la ciudad, sino que asimismo, como atribución principalísima, deberá adoptar los reglamentos, impartir las órdenes, adoptar las medidas y utilizar los medios necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas. Así comienza, ciertamente, el título respectivo a las facultades del Alcalde Mayor, dando a entender, por supuesto, que las subsiguientes son secundarias a esa primera.
No se trataría, por lo tanto, de recurrir a paliativos aislados como la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la instalación de una mayor cantidad de cámaras de vigilancia, la organización de un centro único de operaciones policiales, el simple incremento de la Fuerza Pública o la formación de cuerpos elites para determinados delitos, sino de declarar, como se dijo, la emergencia pública en seguridad. Y con ello puntualizar las medidas, con un cronograma de metas y resultados que genere las condiciones propias de una ciudad en la que se viva bajo los parámetros de la solidaridad y la paz urbana. Y sobre todo, sopesar quién es capaz de llevar esa política a cabo.