* Urge concretar proyecto de reforma
* Acelerar consulta a indígenas y afros
La grave y creciente tragedia invernal que azota al país prendió, como era de esperarse, de nuevo el debate en torno de la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Esta es una más de tantas polémicas cíclicas que hay en el país y que así como se ponen sobre el tapete cuando la coyuntura lo obliga, desaparecen en cuestión de semanas sin que se hayan tomado decisiones definitivas.
Precisamente un año atrás, cuando el país también estaba cercado por la catástrofe invernal, se anunció que, ahora sí, la reforma a las CAR era inevitable, no sólo por la urgencia de despolitizarlas y establecer mecanismos que garantizaran el manejo transparente de los recursos, que superan los 1,3 billones anuales, sino porque estaba claro que por su amplio número (hay más de una treintena), distribución jurisdiccional antitécnica y vacíos normativos en nivel nacional, departamental y municipal, lejos de convertirse en dinamizadoras del desarrollo productivo, industrial, de infraestructura, comercial, minero y urbanístico ambientalmente sostenible, terminaron siendo una traba para ese objetivo primordial. Es más, el propio gobierno Santos, al amparo de la declaratoria del estado de Emergencia social, económica y ecológica, emitió un decreto con el que prácticamente intervenía el manejo técnico, administrativo y presupuestal de las corporaciones, pero la intención se frustró luego en el proceso de revisión de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional.
Se entendió, entonces, que la reforma tendría que hacerse vía Congreso y para ello el Ejecutivo anunció que iniciaría un proceso de confección del proyecto y que, una vez tuviera un esquema sobre los cambios, se abriría un debate nacional al respecto. Igualmente, dado que se trata de las entidades que manejaban lo relativo a los permisos y licencias ambientales a escala regional y local, cualquier modificación de fondo al ámbito funcional y jurisdiccional de las CAR obviamente requiere, tal como tantas veces lo ha advertido la Corte Constitucional, de un profundo proceso de socialización y consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes.
A todo ello hay que sumarle que, en la práctica, en varias instancias gubernamentales primó la tesis de que lo mejor sería que la cirugía a fondo a las corporaciones autónomas debería ser liderada y defendida en el Congreso por el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, cartera que apenas resucitó oficialmente un par de meses atrás.
Todo lo anterior explica por qué el proyecto de reforma a las CAR no fue llevado al Parlamento este año y sólo sería radicado en marzo próximo. Más allá de la controversia acerca de si hay o no demora gubernamental en concretar la iniciativa legislativa, lo cierto es que se trata de un tema complejo. Por ejemplo, hay sectores que consideran que la treintena de entidades debe desaparecer completamente y dar lugar a nuevas instituciones, en un número más reducido, con menos autonomía departamental y municipal, un perfil más técnico y localizado, y subordinadas en muchos aspectos al Ministerio del Ambiente. Pero hay otros analistas y expertos que advierten que no se puede satanizar a todas las CAR y que es necesario distinguir entre algunas que cumplen eficientemente sus funciones y aquellas que terminaron siendo fortines clientelistas e incluso de corrupción. También existen las instancias que sostienen que el problema no son las corporaciones como tal, sino que la génesis está en un Sistema Nacional Ambiental anquilosado, sin coherencia normativa, norte claro en materia de políticas y objetivos y con una evidente debilidad institucional para hacer cumplir sus directrices.
Como se ve, si bien la reforma al sistema de las CAR es urgente, no puede improvisarse ni hacerse de manera apresurada o emocional. Se requiere un proceso objetivo y detallado, que modifique su estructura organizacional y dé paso a un sistema de prevención, vigilancia y corrección ambiental eficaz y transparente. La instancia de consulta con indígenas y afrodescendientes debe culminarse prontamente y el texto del proyecto ser radicado el 16 de marzo sin excusa alguna, para evitar que en poco tiempo estemos de nuevo en esta polémica cíclica e interminable.