* Reformas y accidentado remate de la legislatura
* Escándalos de corrupción condicionan la agenda
Comienza hoy el último mes de la segunda legislatura de este cuatrienio. Sin duda alguna, la productividad del Congreso, medida en términos de proyectos de ley y actos legislativos aprobados, deja mucho que desear. De hecho, a punto de cumplirse la primera mitad del gobierno Petro habría que decir que la reforma tributaria, en el segundo semestre de 2022, asoma como lo más importante que el Legislativo ha logrado sacar adelante en todo este tiempo, aunque varios de sus artículos clave no han podido superar el tamiz de la Corte Constitucional. Incluso, la creación del ministerio de Igualdad y Equidad acaba de ser declarada inexequible por el mismo Alto Tribunal debido a errores de fondo en el trámite congresional.
Es claro que la principal razón del bajo desempeño parlamentario está directamente asociada a la forma en que los proyectos de reforma pensional, laboral y a la salud han trabado el ritmo de trabajo en las comisiones y plenarias. No hay que olvidar que esas iniciativas fueron radicadas por el Ejecutivo en febrero y marzo del año pasado y siguen en vilo.
De hecho, la laboral se hundió en junio de 2023 y aunque volvió a ser presentada semanas después, a hoy no ha podido salir de primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. La de salud, entre tanto, se archivó en abril pasado en tercer debate en la séptima del Senado y ahora la Casa de Nariño busca, afanosamente, presentar otro proyecto, incluso mediando un mensaje de urgencia, pese a que la legislatura ya agoniza. En cuanto al ajuste al esquema de jubilación, este se encuentra en tercer debate en la Cámara tras más de un año trabado en el Senado, en medio de fuertes discusiones y sin aval fiscal preciso y claro.
Es evidente, que la actividad legislativa se ha visto impactada por factores internos y externos. Por un lado, el contenido anacrónico, disfuncional y altamente estatizante de las tres reformas llevó al rompimiento de la coalición parlamentaria oficialista a comienzos del año pasado, dejando en minoría a las huestes gubernamentales. En segundo lugar, la Casa de Nariño no supo leer esa nueva realidad política y, lejos de buscar una concertación con los partidos de oposición e independientes sobre el alcance de sus iniciativas clave y su impacto presupuestal, procedió a radicalizarse, queriendo imponer su voluntad al Congreso a como diera lugar.
En esa dirección, no solo maniobró para romper la disciplina de las bancadas mediante el ofrecimiento al detal de gabelas burocráticas y presupuestales a senadores y representantes, sino que desde el propio presidente de la República para abajo se ha tratado de lesionar la independencia de las ramas del poder público, acudiendo para ello a tratar de sublevar a las masas para presionar al Congreso, llamado que, sin embargo, no ha tenido mayor eco, pues la opinión pública, tal como se evidenció en los comicios regionales de octubre pasado, así como en las multitudinarias marchas de protesta, cada vez es más prevenida con la Administración Petro y consciente de la crisis generalizada que su gestión está provocando en el país.
A todo lo anterior, hay que sumar que ahora se vino a descubrir que detrás de escándalos de corrupción tan graves como el que estalló semanas atrás en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres lo que subyace es una estrategia de sobornos y festín burocrático mediante la cual el alto gobierno buscaba no solo ganar ilícitamente las elecciones regionales, sino ‘comprar’ apoyos de congresistas a sus polémicos proyectos de reforma.
Como se ve, se llega al último mes de esta primera mitad del cuatrienio legislativo con un Congreso que tiene a decenas de sus integrantes sub judice, tanto por el referido escándalo de corrupción como por anomalías en la financiación de la campaña electoral presidencial en 2022. Hay una evidente crisis de legitimidad en el Parlamento, al punto que los presidentes del Senado y la Cámara encabezan la lista de investigados por la Corte Suprema de Justicia. De allí que muchos sectores están solicitando el hundimiento de las reformas no solo por ser inconvenientes, antitécnicas y poner en peligro los sistemas de salud, laboral y pensional de los colombianos, sino porque hay un manto de sospecha sobre las razones que están llevando a los parlamentarios a apoyar estas controvertidas iniciativas.
En las próximas cuatro semanas el ojo avizor de la opinión pública estará sobre la forma en que vote cada senador y representante a la Cámara. Es innegable que el Parlamento se jugará mucho de su escaso prestigio en este remate de legislatura. Ojalá escuche el clamor popular contra las reformas, las corrija o, en su defecto, las hunda. Los partidos, en su mayoría, se han manifestado contra las mismas y llegó la hora de demostrarlo, más allá de las presiones o canonjías que se reciban de un gobierno criticado, sin norte e improductivo.