* Coletazos por fallida reforma judicial
* Las pesquisas penales y disciplinarias
Tras el hundimiento del polémico acto legislativo que pretendía aplicar una reforma a la Justicia hubo voces en el Congreso, Gobierno, altas Cortes y cúpulas partidistas indicando que ese era ya un “capítulo cerrado”. No obstante, desde muchos sectores nacionales, incluyendo estas páginas, se advirtió que por la gravedad de lo ocurrido seguramente habría repercusiones de distinta índole. Y por eso no es sorpresivo lo que está pasando.
De un lado, en el Consejo de Estado cursan demandas contra el decreto presidencial que convocó a sesiones extraordinarias para debatir las objeciones totales a la insana reforma constitucional aprobada por las plenarias de Senado y Cámara, pese a la cantidad de micos que traía de tiempo atrás y los orangutanes añadidos de forma por demás irregular en la instancia de conciliación. Igualmente en la Corte Constitucional se analiza la procedencia de dos demandas contra el proyecto de acto legislativo, que si bien nunca fue promulgado, en concepto de algunos expertos juristas podría cobrar vigencia, ya sea porque se determinara que las objeciones presidenciales no eran viables o porque la convocatoria a sesiones extras pudiera ser anómala. No sobra recordar que este diario es de la tesis de que, bajo el principio de legalidad y acorde con la norma del Reglamento Interno del Congreso que permite asimilar el procedimiento de trámite de leyes al de los actos legislativos, el Jefe de Estado podía objetar la viciada reforma tanto por su viciado trámite formal como por el fondo, pues amenazaba con descuadernar la estructura institucional.
Sin embargo, estos dos procesos en los altos tribunales son apenas un flanco de las repercusiones de la fallida reforma. La semana pasada la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios del orden nacional, entre ellos congresistas y ministros, por el trámite de la reforma. La apertura de esta causa disciplinaria era obligatoria, pues se radicaron más de 25 quejas ante el Ministerio Público. A esta indagación disciplinaria se sumó ayer que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación preliminar a los senadores y representantes a la Cámara que hicieron parte de la comisión de conciliación del proyecto. Se supone, igualmente, que la Comisión de Ética de ambas cámaras investiga el proceder de los parlamentarios en este caso y se espera que los tribunales de Ética partidista adopten alguna medida contra sus correligionarios responsables del accidentado debate a un acto legislativo que, prácticamente, daba vía libre a un esquema de impunidad para congresistas y altos funcionarios aforados.
Pero el Parlamento no está en la mira sólo por esta polémica iniciativa. La misma Corte decidió abrir investigación preliminar a 266 senadores y representantes para establecer si incurrieron en prevaricato al aprobar la ley que hizo más drásticos los castigos a la discriminación sexual y racial. Igualmente en el alto tribunal tomaron en las últimas semanas un nuevo aire los procesos por parapolítica, tanto desde el punto de vista de apertura de investigación como de condenas. También se rumora que vendrá un paquete de medidas contra parlamentarios involucrados, presuntamente, en escándalos como los de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes, entre otros. De forma paralela estarían por apuntalarse fallos del Consejo de Estado en relación con demandas de pérdida de investidura. Y como si todo lo anterior fuera poco, continúa la recolección de firmas para la posibilidad de convocar un referendo que permita la revocatoria del mandato a los actuales senadores y representantes.
Queda claro, entonces, que se equivocaron los conceptos que alegaban, en pleno debate por el escándalo de la reforma judicial, que no era posible procesar a los parlamentarios por su actuación en el trámite del acto legislativo. Incluso, hubo voceros de la Fiscalía y la propia Corte Suprema que así lo sugerían, pero, a la luz de las pesquisas disciplinarias y penales, las normas indican todo lo contrario.
El Congreso, el mismo que se niega a pagar un costo político por su cuota de responsabilidad en este escándalo, y al que parece poco preocuparle ser la entidad más desprestigiada del país, está en la mira judicial y, es seguro, pasará al banquillo.