*Problemas coyunturales y estructurales
*Falsos dilemas vs. estrategias conjuntas
Una vez más se prendió el debate en torno de si la administración de justicia en Colombia está aplicando en forma debida las causales para definir si una persona detenida por haber incurrido, presuntamente, en un delito debe quedar privada de la libertad de forma permanente y precautelativa. En esta ocasión la polémica, tan cíclica como desgastada, se puso sobre la mesa debido al alto nivel de hacinamiento en las inspecciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, por cuenta no sólo del paro judicial, que está a punto de cumplir tres meses, sino del llamado “plan reglamento” que el sindicato del Inpec está aplicando en varios penales a nivel nacional. Pero más allá de esa difícil coyuntura hay expertos que sostienen que si la justicia estuviera funcionando en un cien por ciento y el sistema carcelario también lo hiciera normalmente, la problemática seguiría vigente pues el problema es estructural: el número de reclusos supera ampliamente el de cupos disponibles en los penales.
En ese orden de ideas, la controversia desemboca en el mismo dilema de siempre: ampliar la capacidad de las prisiones o disminuir las causales que pueden llevar a poner tras las rejas a un sindicado. En cuanto a lo primero, a comienzos de diciembre el Ministerio de Justicia indicó que debido a la rehabilitación y construcción de cupos carcelarios así como a la implementación de medidas para una “política criminal racional y coherente”, el nivel de sobrecupo en las cárceles había disminuido, llegando al 48,2 por ciento, en comparación con enero pasado, cuando era de 59 por ciento. Ello gracias a que, desde 2013, se contrataron proyectos que permitieron generar más de 2.000 cupos en 2014 y 6.432 para este año. De acuerdo con la misma cartera, para este cuatrienio se tienen listos los proyectos para crear, aproximadamente, 18.000 cupos, con lo cual la capacidad de los centros de reclusión a escala nacional quedaría en 96.000 cupos. Paralelo a ello se celebraron más convenios con universidades para ampliar los consultorios jurídicos en los penales, de forma tal que los reclusos que ya puedan acceder a su libertad, sobre todo por la entrada en vigencia de las últimas reformas penales y de procedimiento penal, la tramiten rápida y eficazmente.
Sin embargo, más allá de la caída en el nivel de hacinamiento y los proyectos para la ampliación de la capacidad carcelaria, el Gobierno también apuesta por la otra opción: racionalizar la aplicación por parte de los jueces de las medidas de detención preventiva. Y para ello el propio Ministerio presentó a finales del año pasado un proyecto de ley con ese objetivo. Con cifras al corte de septiembre, la iniciativa indica que para esa época estaban en las prisiones más de 116 mil personas, pero de éstas sólo un poco más de 75 mil, efectivamente condenadas. Es decir, que en calidad de sindicados y etapa de juicio se encontraban más de 41 mil reclusos.
Si bien el proyecto no busca la excarcelación automática de todos los que apenas están siendo procesados penalmente, sino una racionalización de la detención preventiva, es claro que, en la práctica, lo que se busca es que las personas que estén preferencialmente tras las rejas sean las ya condenadas o aquellas que deben privarse de la libertad por la gravedad de los delitos imputados, la capacidad de afectar el avance de las investigaciones o porque constituyen un peligro para el resto de la sociedad. Para el resto de los sindicados se plantean medidas cautelares no privativas de la libertad como vigilancia electrónica o de una institución o persona determinada. También las presentaciones periódicas ante las autoridades o la prohibición de salir del país, del lugar de residencia o de un ámbito territorial, entre otras. Siempre bajo condicionamientos referidos a buena conducta y no reincidencia criminal. Y todo ello unido a medidas más expeditas para que los procesos penales tengan términos más imperativos, lo que evitará que la medida de detención preventiva se prolongue por varios años.
Como se ve, el dilema respecto de si hay que ampliar las prisiones o disminuir las causales para encarcelamiento de sindicados, termina siendo falso y gaseoso. Al final, lo que debe hacerse es trabajar en ambos flancos, de manera racional, objetiva y pragmática. Sólo así la crisis carcelaria estructural podrá disminuir, que es lo verdaderamente importante.