* Falencias persisten pese a más inversión
* Urge focalizar mejor para aumentar calidad
Se pensaría que cualquier país que tenga la educación como el rubro presupuestal de mayor destinación año tras año, como ha ocurrido en Colombia en la última década, debería haber avanzado tanto en calidad como en cobertura de forma sustancial.
Sin embargo, al tenor de las conclusiones del exhaustivo estudio de la Contraloría General sobre la calidad del sistema educativo, esa premisa no se concreta en nuestra nación. Por el contrario, tras una evaluación de los resultados de las Pruebas Saber 11, Saber Pro y Saber TyT, que se aplican a estudiantes de secundaria, así como a los programas de educación superior (técnicos, tecnológicos y profesionales), se encontró que Colombia continúa registrando grandes brechas en la calidad educativa, las cuales –más grave aún– se han ampliado con el tiempo.
Hay varios flancos débiles: si bien la cobertura a nivel de educación preescolar y básica es muy positiva, no ocurre lo mismo con la de nivel superior, a tal punto que la meta de alcanzar un 60 % en este rubro para el cuatrienio 2018-2022 no se logró. Hay, además, una gran diferencia en este indicador entre las regiones del centro del país y aquellas de la periferia. También es clara la marcada diferencia de rendimiento académico entre los estudiantes de zonas rurales y los de las urbanas, según se desprende de los promedios de resultados de los alumnos de distintas regiones en las pruebas ya citadas. De igual manera, se encontró que factores como el entorno socioeconómico, la formación académica de la madre, el acceso a conectividad de internet y la tenencia de computador, entre otros, influyen de modo significativo en el rendimiento escolar.
No menos preocupante son los índices de deserción, ya que mientras en los programas técnicos y tecnológicos se ubican en 17 %, en el nivel profesional llegan a un 9 %. Se supone que estos porcentajes deberían estar más bajos por cuenta de programas y leyes como “matrícula cero” en la educación superior pública y el fortalecimiento de otros rangos de créditos Icetex y subsidios activados en años recientes.
En un campanazo al Congreso, en donde el Gobierno viene impulsando sendos proyectos de reforma a la educación, afirmando que con ellos se cerrarán las brechas sectoriales, la Contraloría advierte que se necesitarían 31,1 billones de pesos adicionales para lograr una cobertura educativa total, como lo propone la iniciativa de rango estatutario en trámite.
Por último, pero no menos importante, el estudio del ente de control fiscal recalca en una realidad ya diagnosticada en otros análisis nacionales e internacionales: la desconexión entre la oferta universitaria y lo que demanda el mercado laboral. Según la Contraloría, la tasa de empleabilidad de los recién egresados disminuyó del 77 % en 2014 al 70 % en 2021. En cuanto a calidad educativa, solo el 5 % de los programas tecnológicos y el 26 % de los universitarios están acreditados con alta calidad.
Como se dijo, muchas de estas falencias han sido puestas sobre la mesa por pruebas internacionales estandarizadas como las PISA, los análisis comparativos de los exámenes del Icfes y otros estudios del orden local y foráneo. Así las cosas, es imperativo analizar qué es lo que está pasando, ya que desde el comienzo de la década pasada la educación empezó a superar los gastos de defensa en el liderato de sectores con mayor destinación presupuestal en Colombia, al punto que el país está a la vanguardia en este rubro a nivel latinoamericano.
Ya la crisis pandémica había dejado en evidencia varias debilidades del sector educativo nacional, sobre todo por la grave alteración de los calendarios académicos, la muy baja preparación para el giro a las clases virtuales, así como las deficiencias graves en materia de recurso docente con experiencia en lo digital. Asimismo, fue patente el cuello de botella por las desigualdades en acceso a internet o incluso a un computador, sobre todo en muchos hogares de la periferia.
Tampoco se puede dejar de lado que ha faltado una cualificación del personal docente en el país, sobre todo en el sector público. Como se sabe, el sindicato de los educadores se ha opuesto sistemáticamente a los exámenes para medir las calidades del cuerpo profesoral y establecer rutas de modernización pedagógica eficaces y obligatorias. Esta circunstancia anómala explica la brecha de rendimiento académico entre alumnos de instituciones públicas y los de las privadas.
Visto todo lo anterior, resulta claro que si bien la crisis en el sector educación en Colombia se considera sobrediagnosticada y frente a ello se viene multiplicando la inversión en cobertura y calidad, muchas de las soluciones implementadas no están teniendo el resultado esperado. Urge un análisis a fondo para establecer las causas objetivas de las deficiencias y limitantes que persisten. Hay que focalizar mejor la billonaria inversión presupuestal. Más aún en momentos en que el impacto de la masificación de las herramientas de inteligencia artificial se constituye en el mayor reto del sistema de enseñanza a nivel global.