* La deficiente política de orden público
* ¿Estado pierde el control del territorio?
La escalada terrorista de las disidencias de las Farc, también llamadas ‘Estado Mayor Central’ (EMC), en Valle, Cauca y Nariño en la última semana, evidencia que la estrategia de orden público y seguridad ciudadana del gobierno Petro continúa siendo muy ineficiente.
Los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, incluyendo atentados con explosivos y hostigamientos a estaciones policiales y patrullas militares, se han multiplicado desde que, a mediados de marzo y tras el asesinato de una líder indígena, el Ejecutivo se vio obligado a suspender el cese el fuego con esa facción subversiva en esos tres departamentos debido a las incontables violaciones a la tregua. Paradójicamente, esas graves anomalías se venían denunciando desde el año pasado, pero ni el Ministerio de Defensa como tampoco la Oficina del Alto Comisionado de Paz atendieron las alertas de gobernadores y alcaldes.
Desde entonces, las Fuerzas Militares y la Policía han lanzado una ofensiva contra los principales enclaves del EMC, evidenciándose que esa guerrilla aprovechó el cese el fuego −y sus inexistentes mecanismos de monitoreo y verificación de cumplimiento− para fortalecerse militarmente, adueñarse de corredores estratégicos de narcotráfico y minería criminal, perpetrar masacres, asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, así como desdoblar algunos de sus frentes, acudiendo al reclutamiento forzado de menores indígenas y campesinos.
Aunque, la Fuerza Pública ha logrado asestarle algunos golpes contundentes al EMC y mantiene una operación de largo aliento para desalojarlo del estratégico Cañón del Micay, la situación de orden público se ha deteriorado sustancialmente. Los mandatarios departamentales y municipales han advertido el riesgo de perder el control territorial en varias regiones, en donde no solo las disidencias, sino también las reincidencias de las Farc (‘Nueva Marquetalia’), Eln, bandas criminales de alto espectro tipo ‘Clan del Golfo’ y los carteles locales y mexicanos se pelean a sangre y fuego el ‘predominio’ delincuencial y el sometimiento de la población.
Lo más grave es que este no es un fenómeno exclusivo de estos tres departamentos. En Arauca, Norte de Santander, Huila, Tolima, Chocó y Antioquia, entre otros, también hay un pico del accionar criminal. Los ceses el fuego −convertidos en rey de burlas en no pocas zonas− están siendo aprovechados por la delincuencia común y organizada para actuar casi que sin ‘Dios ni ley’. La reducción a su mínima expresión de la erradicación forzada está produciendo un ‘boom’ de narcocultivos, aunado a un pico de minería ilegal aurífera, impulsada por el alza de los precios internacionales.
A esto debe sumarse una crisis sin precedentes en la seguridad ciudadana, sobre todo en delitos de alto impacto como extorsión, sicariato y hurtos a personas, comercios y vehículos. El asesinato la semana pasada del director de la cárcel Modelo en Bogotá es una evidencia del agravamiento de la crisis carcelaria, que está tomando ribetes dramáticos en muchas partes del país. No pocos penales están siendo ‘dominados’ por las bandas y desde allí manejan un imperio ilegal.
Más complicado aún resulta que en medio de este preocupante escenario el ambiente en la cúpula de la Fuerza Pública es muy denso. Los mandos militares y policiales, así no lo admitan públicamente, saben que los cese el fuego restringen de manera drástica el accionar de los uniformados y en el entretanto la criminalidad avanza.
A lo anterior, se adicionan polémicas como las referidas a la demora en la renovación de los aviones de combate, las denuncias sobre deficiente mantenimiento a los helicópteros oficiales, órdenes contradictorias del presidente en torno a cómo actuar frente al desborde violento de la protesta social, peregrinas denuncias sobre pérdida de armamento o incluso maniobras del Ejecutivo para tratar de politizar los estamentos castrenses y policiales. Por igual, hay medir el impacto de una cuestionada y accidentada política de paz gubernamental que, además de imponer endebles ceses el fuego sin verificación alguna, no está enfocada en respaldar el uso legítimo de la fuerza y el imperio de la ley, sino que va más dirigida a proponer esquemas de impunidad y flexibilización penal para la delincuencia. Y, como si lo anterior fuera poco, se han multiplicado los escándalos de corrupción e indelicadezas en altos mandos, así como de uniformados involucrados en actividades ilegales.
Como se ve, estamos ante un gobierno sin norte ni estrategia clara en orden público y seguridad. Un gobierno que, imbuido en la polarización e intoxicación política e ideológica, no escucha el clamor ciudadano ni de las autoridades regionales y locales que urgen más contundencia militar y policial. Y un gobierno que, en un bandazo más en el manejo de las Fuerzas Militares, decidió ayer relevar sorpresivamente al comandante del Ejército para reemplazarlo por un oficial al que había llamado a calificar servicios días después de su posesión en agosto de 2022… Así es muy difícil enfrentar el desafío terrorista en el sur y evitar que el Estado siga perdiendo control territorial.