El nihilismo imperante

Un coctel peligroso

Lo que prevalece actualmente en la sociedad colombiana es la dialéctica del nihilismo. Por todas partes y en diversos casos, los funcionarios públicos y los particulares intentan violar los cánones y la ley, alegando que para ellos no competen ningunos. Los que son elegidos popularmente sostienen que el pueblo les dio un aval de permanencia en la representación por encima de las instituciones, como una suerte de fuero para hacer de las suyas. El nihilista  reniega de los principios políticos y sociales consagrados por la sociedad. Lo que importa es conseguir sus propios objetivos políticos. El nihilista, por sistema, está contra el sistema, así suene a pleonasmo; no cree en nada distinto que sus instintos y apetencias, lo que hoy le parece malo, mañana puede sur bueno. El nihilismo en nuestro país existe como una planta exótica. A diferencia de otras regiones del globo, entre nosotros el nihilista no asume su condición, necesariamente, como aquellos que escriben en prosa sin saberlo. No se entiende lo que ocurre en Bogotá sin reconocer el aspecto nihilista de la situación. Eso es lo que explica que el señor Alcalde Gustavo Petro, en el negocio de las basuras, desoyera las recomendaciones de algunos de sus asesores, de 10 entidades relacionadas, de dos superintendencias, del Personero, de la Contraloría, del Congreso, de la Veeduría en diversas ocasiones y de la opinión pública. El nihilista no oye a nadie, suele actuar por instinto.

El nihilismo está penetrando el sistema sanguíneo de la sociedad. No pocos de los que aplauden a los funcionarios nihilistas que pretenden gobernar a capricho y desconocer las reglas de juego de la sociedad gozan del apoyo ferviente de sus seguidores. A los contratistas inescrupulosos y a quienes pescan en río revuelto, les parece bien la anarquía que se extiende por Bogotá y que se propala a otras regiones, en donde se dan casos similares de elementos elegidos popularmente que lo único que les interesa es hacer lo que les viene en gana, por lo que no tienen la noción mínima de lo que significa servir a la sociedad. Esa es la crisis, la más honda crisis que sacude al Estado colombiano y que amenaza todas las instituciones. Esa crisis es más peligrosa que la violencia política puesto que, incluso, los alzados en armas respetan en general unos códigos. El nihilista no reconoce a ninguno ni autoridad distinta a la de sus propios caprichos. Es factible que el nihilista no tenga interés en apoderarse de los fondos públicos, pero permite que sus gentes deslicen sus garras para enriquecerse.

Fuera de algunos pocos que siguen doctrinas políticas de izquierda, los que combaten a fondo las providencias de la justicia o de la Procuraduría, están por el nihilismo. Apuestan a la inoperancia de la ley, a que no se sancione a los funcionarios que causan daño enorme a la sociedad por su mala administración. Los argumentos contra la decisión del procurador Alejandro Ordóñez no se basan en que se hubiese equivocado en el fallo que sancionó al Alcalde Petro, sino por el prurito nihilista de estar en oposición a un personaje cuyo cargo es, precisamente, velar por la buena administración. Los nihilistas le declaran la guerra, los corruptos se unen en la táctica del escarnio y los que son sancionados como lo estipula la ley, intentan desconocer sus providencias. Y la vieja izquierda de siempre, que se mueve en los extremos, aúpa el descontento y sostiene que no reconoce el sistema democrático. Es allí donde nihilismo y populismo se unen. Lo cierto es que Petro tiene todas las garantías legales, como lo viene haciendo para defenderse. Esa es la trasparencia judicial.

Ni la sociedad colombiana, los partidos de orden, los políticos respetables, los medios de comunicación o las gentes del común deben caer en la trampa del nihilismo, como tampoco entrar a abominar la autoridad. El nihilismo y la confusión que  penetran el sistema judicial es el que produce un fallo en el cual se condena al Estado por el ataque de las Farc contra una población. Ese fallo desconoce que Policía viene de polis, de ciudad. La Policía tienen como misión velar por el orden citadino, condenarla por estar allí es una barbaridad que invita a que se retire a esos servidores públicos de pueblos, aldeas y ciudades, para dejar a la población inerme en manos de los criminales. Frente a un fenómeno social de tal gravedad y que agudiza la crisis del Estado, lo conservador y los elementos de orden deben unirse para impedir que el sistema se derrumbe sobre nuestras cabezas.