Bogotá-Soacha, destinos conjuntos
El Congreso tiene la palabra
LA necesidad de crear el área metropolitana de Bogotá y Soacha ha sido puesta sobre la mesa en repetidas ocasiones desde hace muchos años, no obstante nunca se ha logrado concretar. Tras la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se pensaba que existía ya la ruta jurídica para concretar el viejo anhelo de buscar una complementariedad y unidad de acción en obras y proyectos clave para las administraciones del Distrito Capital y el municipio cundinamarqués. Sin embargo, no ha sido posible avanzar en un proyecto que debe beneficiar a ocho millones de habitantes de las dos jurisdicciones, con lazos comunicantes muy profundos en materia poblacional, laboral, social y económica. La capital del país y el vecino municipio tienen una interrelación cada día más grande y, por lo mismo, comparten problemáticas muy profundas en materia urbanística, de transporte, seguridad, servicios públicos, desarrollo económico, satisfacción de necesidades básicas, cuidado ambiental, así como en un sinnúmero de campos.
Precisamente la semana pasada el Ministerio del Interior presentó un proyecto de ley que busca abrirle paso a la mencionada Área Metropolitana. La iniciativa, de acuerdo con el Gobierno nacional, está dirigida a que el Distrito Capital y la administración municipal puedan concertar temas como el uso de vías y suelos, políticas de construcción de vivienda e infraestructura, así como normas marco para garantizar la protección ambiental en ambas jurisdicciones. Sin que se afecte la autonomía de cada una de las administraciones, el proyecto establece la creación de un Fondo que tendría un patrimonio cercano a los 600.000 millones de pesos para financiar las obras y proyectos conjuntos.
Quienes defienden la viabilidad de esta área metropolitana Bogotá-Soacha sostienen que su conformación es necesaria debido a que todos los esfuerzos que se han realizado en la última década para concretar un verdadero sistema de Ciudad-Región, que integre a la capital del país con los municipios de la Sabana, se han quedado a medio camino. Prueba de ello es que no se han podido concretar ni siquiera los proyectos relacionados con la complementariedad en sistemas de transporte, como el Tren de Cercanías.
Obviamente hay sectores que consideran que no es necesaria tal integración metropolitana e incluso advierten un riesgo para la autonomía del municipio frente a la capacidad institucional, económica y de acción que tiene el Distrito. A ello se suma que recientemente comenzó a funcionar la llamada Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE) del Centro, que conforman la capital del país, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. Dicha Región se creó, precisamente, para que las jurisdicciones que la integran puedan acordar la realización de obras y programas de amplio espectro y cobertura, muchos de ellos alimentados con recursos del nuevo sistema de distribución de las regalías. Mientras que los críticos sostienen que ya la RAPE engloba esos ejercicios zonales de integración, los defensores del área metropolitana advierten que se trata de dos dimensiones de complementariedad distintas que no necesariamente chocan ni son excluyentes.
Más allá de esa polémica, lo cierto es que si hay algo que distingue a las grandes urbes modernas es, precisamente, la consolidación de las áreas metropolitanas con los municipios que las rodean y con los cuales tienen un alto nivel de interrelación poblacional, económica, comercial, institucional así como de demanda y oferta de bienes y servicios. En Colombia, sin embargo, la mayoría de las capitales departamentales que han avanzado en la integración con las poblaciones circunvecinas lo han hecho por esfuerzos aislados. Sólo hasta la formulación de la Ley de Ordenamiento Territorial se tuvo un marco normativo moderno y sólido para viabilizar ese proceso.
En el caso de la capital del país y Soacha, lo que viene ahora es el trámite del proyecto de ley en el Congreso. Pero el proceso no termina ahí, ya que la conformación del área metropolitana exige el apoyo de una mayoría calificada de ambos concejos (el distrital y el municipal) y luego la citación a una consulta popular para que sea la ciudadanía la que finalmente determine si se procede a esa integración.
Como se ve, apenas se está en la etapa preliminar del proceso, y dado que en menos de un año se deben elegir a los relevos de alcaldes, los candidatos a la sucesión tienen que empezar a sentar posición respecto de un proyecto que tiene grandes e importantes implicaciones para la capital del país y el municipio con mayor población del Departamento.