Una de las insatisfacciones y quejas más frecuentes de la sociedad colombiana tiene que ver con la impunidad. Se duelen las gentes por la frecuencia de los escándalos públicos en los que aparecen funcionarios oficiales y particulares, vinculados por el tráfico de influencias, la asociación para delinquir y el delito de concusión, que por las declaraciones de los cómplices y delatores que aparecen en los medios de comunicación como culpables, suelen culminar en nada por falta de pruebas o por la misma morosidad del sistema. Cuando, en realidad,  nuestra justicia obedece a un proceso garantista que le permite al sujeto que es acusado de la comisión de un delito defenderse, ejercer el legítimo derecho de demostrar su inocencia. Puesto que la Fiscalía, no solamente tiene el deber de investigar a los culpables, debe establecer la inocencia de los acusados cuando hubiere lugar a ello.

Por lo demás se da la paradoja que cuando los jueces proceden con severidad para castigar a los que lanzan sus garras abusivas sobre el tesoro público, en ocasiones, la sociedad les vuelve la espalda a quienes aplican los códigos. Eso lo examina al filósofo alemán Rudolph Von Hering cuando afirma que: “En tales condiciones la suerte de los pocos que tienen el valor de hacer aplicar la ley, se convierte en un verdadero martirio; su enérgico sentimiento del derecho, que no permite dejar el campo libre a la arbitrariedad, será para ellos como una maldición. Abandonados por todos aquéllos que debieran ser sus aliados naturales, están enteramente solos frente a la ilegalidad engendrada por la indolencia y la cobardía general y cosechan, cuando han obtenido con graves sacrificios al menos la satisfacción de haber quedado fieles a sí mismos, en lugar de reconocimiento, regularmente, sólo burla y escarnio”. En estos casos la responsabilidad de la degradación de la justicia no recae, como debiera ser sobre el delincuente político y los corruptos que infringen la ley, “sino sobre los que no tienen el valor de mantenerla”.

Y agrega el sabio alemán: “No es a la injusticia a la que hay que acusar, cuando desplaza al derecho de su asiento, sino al derecho que se ha dejado avasallar, y si tuviese que apreciar en su significación práctica para la relación los dos principios: no cometas ninguna injusticia y no toleres ninguna injusticia, la primera regla es: no toleres ninguna injusticia, la segunda: no cometas ninguna”. El derecho a la justicia no se alcanza en tanto la sociedad no luche y denuncie a los delincuentes y se solidarice con la magistratura cuando esta cumple su deber de condenar al que delinque.