Como era previsible, la decisión de Uruguay de convertirse en el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de marihuana, generó una fuerte polémica ayer en el continente y todo el planeta.

Aunque la coalición Frente Amplio, que respalda al gobierno del presidente Mujica, se impuso el martes en la votación del Senado uruguayo, lo cierto es que todavía son muy inciertos los efectos en la práctica que tendrá la legalización de la producción, distribución y venta de cannabis. La norma aprobada también da paso al autocultivo y a que se creen organizaciones o clubes de consumidores, todo bajo control estatal.

Es más, los críticos internos y externos de Mujica le reprochan que el propio Gobierno considere la legalización como un “experimento” que si no funciona está dispuesto a dar marcha atrás. Para los detractores de la medida, se trata de un riesgo muy alto dado el impacto que tendría un aumento de la drogadicción en la población durante el lapso que dure vigente la permisividad legal de toda la cadena de producción, venta y consumo del alucinógeno.

Sin embargo, los defensores de la futura ley replican que ésta simplemente va un paso más allá de otras legislaciones que existen ya en algunos Estados norteamericanos o en países europeos.

Lo cierto es que una vez se produjo la aprobación del proyecto sobre la marihuana, las primeras reacciones fueron muy contundentes. Por ejemplo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo adscrito a la ONU, “lamentó” la legalización del cannabis en Uruguay y advirtió que esa decisión contraviene normas internacionales, sobre todo la Convención de 1961 sobre Narcóticos, de la que ese país suramericano forma parte.

Para la JIFE, la apuesta por una reducción del crimen a través de la legislación uruguaya “se basa en conjeturas precarias y sin corroborar” y fue adoptada “sin considerar los efectos negativos del cannabis para la salud”.

Los países vecinos de Uruguay ya han alertado sobre los efectos que en sus fronteras y la lucha interna contra el narcotráfico tendrá la legalización de la marihuana.

A lo anterior se suma que hay una politización del debate, ya que los países de la misma línea ideológica de Mujica han salido a respaldar la decisión de Montevideo, mientras que naciones ubicadas en orillas políticas distintas a la izquierda y el llamado “socialismo del siglo XXI” tienen una posición de cautela y reserva frente a un paso tan arriesgado en materia de legalización de drogas, que ni siquiera se ha dado en naciones en donde la discusión ha sido más profunda y de largo aliento.

Lo más complicado es que la decisión uruguaya se produce en momentos en que Colombia asumió ayer la presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), ente dependiente de la OEA, y que tiene como principal objetivo promover el debate sobre la lucha contra el narcotráfico y cuáles son las medidas más eficaces para enfrentar el grave flagelo.