19 años del asesinato del doctor Gómez
Declararlo crimen de lesa humanidad
Cada año desde que fue cometido el vil asesinato de Álvaro Gómez Hurtado se ha insistido, de una u otra manera, en que la Fiscalía General de la Nación actúe para develar el magnicidio. En estas columnas, en su momento, se solicitó en carta pública a la Procuraduría General de la Nación promover las indagaciones. La familia Gómez Hurtado, a su turno, ha venido interviniendo para esclarecer el caso, en todo momento y por diferentes cauces, hasta completar un libro escrito por Enrique Gómez Hurtado, en el que se demuestran los insondables vericuetos del tenebroso asunto.
En el día de ayer el presidente del Directorio Nacional Conservador, David Barguil Assis, envió una carta al señor Fiscal General de la Nación en la que transmite el clamor para que el crimen sea declarado de lesa humanidad, en el mismo sentido de años previos. Acompaña la carta el expresidente Andrés Pastrana Arango y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, así como en la misma dirección se han pronunciado otros dirigentes como la excandidata presidencial Noemí Sanín, el exalcalde Antanas Mockus y personalidades de los diferentes partidos.
Después de tantos años no hay mucho más que decir, salvo que la propia Fiscalía General de la Nación fue una institución ideada y creada por el doctor Gómez y que ello debería ser motivo adicional para la declaratoria de su asesinato como crimen de lesa humanidad. Es lo mínimo, en medio del laberinto procesal en que se ha convertido su caso. No podría ser, bajo ningún motivo, que se llegara a los 20 años del magnicidio, declarándose la prescripción. Tal vergüenza no solo sería mácula en la dignidad nacional, de hecho zaherida para siempre con el cobarde homicidio, sino que sería el triunfo irreparable de la impunidad sobre la justicia. Pide la carta, precisamente, que el despacho dé prioridad a la investigación, dando curso al acervo probatorio, sobre la base de que autores intelectuales y materiales pueden seguir actuando contra el estado social de derecho.
Tener que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como se ha hecho en procura de acción para develar el horrendo caso, es indicativo de que en Colombia, para este y otros crímenes, solo queda el recurso de la vía internacional. Y si la Comisión ha sido diligente en actuar en episodios menores de otra índole, como las medidas cautelares en la Alcaldía de Bogotá, se espera de ella los instrumentos correspondientes para llevar la investigación a buen puerto y desentramar la sospechosa virtualidad de un crimen de Estado.
No hace más que anteayer la Fiscalía declaró crímenes de lesa humanidad y de guerra 34 casos de la Unión Patriótica. Está claro, inclusive, que dentro del proceso de paz que se avanza, más allá de las propias conversaciones de La Habana, la Unión Patriótica, dicho también por el Consejo de Estado, viene siendo motivo de tratamiento especial. La misma situación está siendo adelantada por la Fiscalía en torno de los hechos del Palacio de Justicia. Y también en estas semanas el organismo procedió a declarar crímenes de lesa humanidad los asesinatos cometidos contra los defensores de derechos humanos en Antioquia. De hecho el máximo orientador de la Fiscalía ha sido hombre acucioso y diligente, tanto en el Derecho de los Derechos Humanos como en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
El doctor Gómez fue asesinado de manera inmisericorde, en momentos en que estaba retirado por completo de la política activa y dedicado a sus cátedras de historia universal y colombiana. Es más, se le disparó a la salida de clases, con vileza inusitada. Venía ciertamente escribiendo y denunciando en su tribuna pública, con el valor, la entereza y la ética de todo el país conocidas. Su dialéctica siempre fue la palabra y la pluma frente a quienes, precisamente por ello, no tuvieron alternativa diferente a la mano, por su minusvalía intelectual, que apartarlo violentamente. Desde luego denunciaba el Régimen, un sistema de complicidades en la cúpula estatal. Pocos o ninguno como él, en la historia colombiana, hubieron de sufrir el destierro, el secuestro y el asesinato.
La declaratoria de crimen de lesa humanidad se hace a todas luces un imperativo categórico, no solo para evitar la prescripción, sino para recuperar la dignidad nacional perdida con la ruta lesiva de la impunidad. El Partido Conservador, huérfano de su máximo líder de la historia reciente, jamás podrá recuperarse de impacto tan certero, pero igual se pide justicia con el mismo ahínco que desde la infausta noticia del magnicidio. La declaratoria de crimen de lesa humanidad no puede dar más espera.