Los cruentos combates del fin de semana en zona rural de Puerto Guzmán (Putumayo) entre facciones de grupos residuales de las Farc, que habrían dejado no menos de doce ilegales muertos, ponen de presente, una vez más, que el Estado sigue perdiendo el control del territorio.

Según los reportes de las autoridades locales, los enfrentamientos se extendieron durante dos días y tendrían como principal móvil el dominio de corredores del narcotráfico y otros delitos. La población vivió horas de terror al quedar en medio de las hostilidades y las Fuerzas Militares llegaron cuando ya los ataques habían cesado. Incluso, fue la población civil, forzada por los guerrilleros, la que tuvo que movilizar algunos de los cadáveres hacia los cascos urbanos más cercanos.

Para nadie es un secreto que están fracturadas las disidencias de las Farc o Estado Mayor Central, divididas hoy entre los bloques de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’. Igual ocurre con Nueva Marquetalia, escindida entre los frentes que siguen a ‘Walter Mendoza’ y aquellos aún fieles al exjefe negociador alias ‘Iván Márquez’ (cuya supervivencia continúa siendo un misterio).

Pese a ello, el accionar delincuencial de ninguna de esas facciones se ha detenido. Por el contrario, en medio de la accidentada implementación de la llamada política de “paz total”, la mayoría de estos grupos se ha desdoblado y fortalecido, disparando los índices de homicidios, masacres, secuestros, extorsión y desplazamientos, confinamientos y reclutamientos forzados de población, entre otros delitos que hoy tienen arrinconados a los habitantes de muchos municipios y zonas rurales aisladas.

Que dos grupos ilegales que se disputan a sangre y fuego el control de las economías ilícitas en determinado punto geográfico puedan enfrentarse durante dos días sin que las autoridades militares y policiales pudieran arribar a tiempo al sitio de los combates para neutralizarlos y capturarlos, desdice de la capacidad de la Fuerza Pública para imperar en el territorio y cumplir su función primaria de proteger la vida, honra y bienes de la ciudadanía.

No se puede permitir que las facciones subversivas y las bandas criminales, así como cualquier grupo de delincuencia común y organizada, operen sin mayor cortapisa en las regiones y hasta combaten entre ellas por el dominio de las actividades ilegales. El Estado no puede seguir siendo una figura simbólica que, cuando se le necesita, no aparece para ejercer la autoridad legítima de la que está investido. El vacío de institucionalidad hoy en varias zonas del país es supremamente grave.