Entre democracia y totalitarismo
El ‘estado dual’ se profundiza
En Venezuela el desequilibrio de poderes por cuenta de 15 años de sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, en lo que se había denominado como la “democracia participativa en acción” produjo una inversión de valores que ha derivado en el ejercicio del ominoso totalitarismo. El país que había resuelto implantar el “socialismo del siglo XXI” como la panacea entre capitalismo y comunismo, y alcanzar por esa vía, de una manera rápida el desarrollo con igualitarismo, como una nueva fórmula política digna de patentar para beneficio de la humanidad, resolvió malgastar los recursos del petróleo de todas las formas posibles, con la falsa ilusión que el crudo siempre subiría de precio y que como el Estado paternalista era rico, se podía declarar la guerra a la iniciativa privada, las finanzas, el comercio y la agricultura, puesto que era más barato importar que permitir que se llenaran los bolsillos de “explotadores de la empresa privada”. Con tales principios demagógicos el Estado podía mantener a la masa con fondos y subsidios provenientes del petróleo sin importar el realismo económico.
Al empezar la descolgada del crudo hace dos años, esa premisa falsa de los recursos petroleros inagotables tiene hoy a Venezuela postrada, en una crisis de salud pública en la que no se consiguen en el mercado las medicinas para los enfermos y los alimentos escasean, al punto que emboscan en las calles a los camiones cargados de víveres.
Esa situación social ha generado que frente a la ficción de la lucha de clases que fomentó el “socialismo del siglo XXI” a lo largo de totalitarismo, lapso durante el cual ha surgido una nueva clase económica proveniente de burócratas del régimen y sus contratistas, la población se haya cansado ante la inviabilidad estatal y reaccionara contra una satrapía que les prometió elevar sus condiciones de calidad de vida pero a la hora de la verdad redujo a más de la mitad de la población a una vida paupérrima y sin horizonte.
Fue por esa situación calamitosa de honda desesperación y frustración colectiva que las masas salieron a votar por el cambio de sistema el 6 de diciembre, con el fin de evitar que Venezuela siguiera por el despeñadero suicida, en un esfuerzo denodado por restablecer el estado de derecho, la libertad y la verdadera justicia social. Una tarea política que le competía a la Asamblea Nacional, pero esta llevaba 15 años sin legislar, en una entrega continua y sumisa de sus poderes y responsabilidades al Ejecutivo, que gobernó por medio de las leyes habilitantes que se le conceden al gobernante de turno. Lo mismo que desperdició sus facultades para nombrar jueces y magistrados, que hoy son designados de manera ilegal por el Ejecutivo. La primera tarea para restablecer el equilibrio de poderes se supone que es la destitución de los funcionarios que están en sus cargos de manera ilegal e interina, lo que hasta ahora no hace la nueva Asamblea de mayoría opositora.
Es evidente que la Asamblea tiene otras urgencias como la de liberar a los presos políticos, improbar los proyectos económicos del gobierno o acortar el mandato presidencial, sin percatarse de que el Tribunal Supremo se abroga para sí el derecho de declarar la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes, según su criterio político, que es claramente chavista. Por ocuparse de lo urgente, la Asamblea descuida lo esencial que es restablecer el Estado de derecho, el equilibrio de poderes, la libertad y la justicia imparcial. En tanto no asuma la iniciativa de producir esas leyes y orientar el cambio, por más elocuencia, notables discursos, frases memorables que se difundan, el Legislativo, atado al vaivén del discurso político del Ejecutivo, no podrá salvar a la moribunda la democracia.
A hoy existe, según lo observan los tratadistas jurídicos, una especie de “estado dual” en crisis. La Asamblea se enfrenta con un poder político que acabó con la independencia de la industria petrolera y del Banco Central, con amplio dominio en las Fuerzas Armadas y que aunque ha sufrido una derrota electoral, no ha sido vencido. Un poder que, parece, no aprendió la lección del 6 de diciembre sobre el voto castigo, por lo que ahora amenaza, de manera suicida, con expropiar los bienes de la familia Mendoza, dueña del consorcio Polar, la mayor central de alimentos del país, en una muestra más de cómo se ahoga a la empresa privada en un régimen económico inviable que tiene a los venezolanos aguantando física hambre.