*Del delincuente común a la organización ilegal
*Las nuevas realidades y modus operandi
LOS tratadistas de temas de seguridad y orden público suelen diferenciar entre lo que llaman, técnicamente, delincuencia difusa y delincuencia organizada. A la primera la caracterizan como aquella que es integrada por elementos criminales aislados, y que no tienen tras de sí mayores estructuras ni jerarquías. En otras palabras son delincuentes “comunes”, pero no por ello sus acciones dejan de ser peligrosas y de alto impacto para la ciudadanía, como son aquellos casos en que un ladrón de poca monta roba un teléfono celular con el objetivo de venderlo para comprar droga pero que cuando perpetra el ilícito no duda en asesinar a su víctima. La delincuencia organizada, por otra parte, si se distingue por tener estructuras, jerarquías y niveles que se especializan en distintos tópicos del tracto delictivo, como es el caso de los carteles del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y lo que en los últimos años se ha bautizado “Bandas criminales emergentes al servicio del narcotrático” -Bacrim-. Esa diferenciación de modus operandi delictivo en Colombia ya no es tan clara, toda vez que en los últimos años la conexión entre el delincuente común y la organización criminal, llámese cartel, cartelito, red u otra, es cada día más evidente y directa.
Las mismas investigaciones de las autoridades militares, policiales y judiciales han evidenciado que en muchas ciudades las Bacrim, por ejemplo, están creando estructuras complejas que manejan todo un universo delictivo, que incluso tienen niveles especializados en diversas actividades ilícitas, como microtráfico, hurtos, extorsión, prostitución, contrabando, juegos de suerte y azar ilegales, robo de teléfonos móviles, préstamos ‘gota a gota’ y hasta controlan actividades cotidianas de los atribulados moradores, como el tipo de electrodomésticos que tienen, qué clase de víveres compran en la tienda de la esquina, o qué vehículos o medios de transporte utilizan… Como se ve son bandas criminales que reclutan a su vez a combos, pandillas, ‘oficinas de cobro’, y otros elementos delictivos barriales y zonales, que son coordinadas de manera muy directa y reportan a mandos medios que, a su turno, hacen lo propio con las jefaturas superiores.
Se trata sin duda de una variación sustancial del modus operandi de las organizaciones ilícitas, que ha llevado a que el accionar de las autoridades también haya evolucionado, de forma tal que ahora no solo se busca neutralizar al delincuente aislado, sino identificar prioritariamente las redes de que hace parte o que median y se lucran de sus actividades.
Es necesario entender todo lo anterior para dimensionar en su justa proporción el trabajo que vienen haciendo la Policía y la Fiscalía contra este nuevo universo delictivo. De acuerdo con los datos del ente acusador, en el último año, por ejemplo, se capturó a dos mil cuatrocientos treinta miembros de bandas criminales, es decir, de las Bacrim, como las del “clan Úsuga“, “Los rastrojos” y otras. Pero a lo anterior hay que sumar que entre 2014 y 2015 fueron identificadas y desarticuladas alrededor de mil cuatrocientas organizaciones criminales, entre ellas más de quinientas bandas dedicadas al hurto, trescientas cuarenta y tres al microtráfico, ciento sesenta y ocho al secuestro y la extorsión, ochenta y cinco al homicidio, cuarenta a delitos contra la administración pública, veintidós a delitos contra el medio ambiente, otro tanto dedicadas a la trata de personas y sesenta y cinco a otra clase de ilícitos…
Como se ve, más allá de la denominación de bandas, organizaciones, cartelitos, redes, combos, pandillas o cualquier otro nombre que se les dé, es evidente que se requiere redoblar los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros para hacer frente a semejante universo criminal. Y ello es precisamente lo que preocupa a la comunidad cuando se enfrenta a debates como los recortes de recursos para la rama judicial, las peticiones urgentes de más pie de fuerza policial y militar, la exigencia de las comunidades de más cámaras de vigilancia en sitios públicos o las advertencias de las autoridades penitenciarias en torno de la falta de cupos en las prisiones para albergar a los criminales. No es, entonces, momento de seguir enfrascándose en la desgastada discusión sobre si lo que existe entre la ciudadanía es una percepción de inseguridad o si realmente se está incrementando el número de delitos de alto impacto en todo el país. Lo importante es entender que el Estado y sus agentes se enfrentan a un desafío criminal de alto espectro y que para neutralizarlo el esfuerzo presupuestal y humano no debe ser menor.