* Se destrabó cuello de botella en subsidios
* Urge un plan de choque más ambicioso
Colombia es un país que tiene un alto déficit habitacional. Las estadísticas del DANE señalan que para el 2021 un poco más del 31% de los hogares registraba déficit habitacional, lo que bien podría significar la necesidad de construir o adecuar más de cinco millones de casas, apartamentos y otros lugares de residencia.
Si bien es cierto en lo corrido de este siglo los distintos gobiernos han implementado numerosas estrategias para que disminuir esa cantidad de familias que no cuentan con residencia propia, la brecha continúa siendo muy alta, en concordancia con los niveles de pobreza y pobreza extrema. Esto se explica no solo por el normal crecimiento poblacional, sino porque, además, el volumen de tierra urbanizable es cada día menor en las grandes ciudades y municipios, sin que se haya podido impulsar de manera sustancial una mayor descentralización de los proyectos de construcción de vivienda.
Como es apenas obvio, las necesidades son más marcadas en los núcleos familiares de más bajos recursos. De hecho, las cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) señalan claramente que siete de cada diez unidades residenciales vendidas en el país son de la categoría de Viviendas de Interés Social (VIS).
Aún así, debe reconocerse que el sector constructor ha ido ganando mucho terreno en materia de motor económico y productivo, al punto que no solo emplea hoy a no menos de cuatro millones de personas, entre mano de obra calificada y no calificada, sino que, además, aporta el 4,5% del Producto Interno Bruto.
Como lo hemos advertido en estas páginas, incluso en plena crisis pandémica la construcción tuvo una evolución muy positiva, que se aceleró aún más cuando la contingencia sanitaria comenzó a quedar atrás. El récord de crecimiento en 2021, cuando el país sobrepasó el 10,6%, tuvo en el sector edificador uno de sus principales impulsores.
Sin embargo, el año pasado la tendencia empezó a cambiar. De un lado, por factores internos y externos la economía comenzó a desacelerarse, en tanto que la transición gubernamental llevó a que se presentara un vacío en la asignación de subsidios, no tanto de los tramitados por las cajas de compensación familiar, sino de los ofrecidos por el Ejecutivo, especialmente a través del programa Mi Casa Ya. Esto implicó, además, una preocupante desaceleración del sector constructor, que vio paralizar muchos proyectos y disminuir la cantidad de empleos que venía demandando, además de su impacto transversal en muchos sectores económicos.
El cuello de botellas en subsidios derivó en que entre 25 y 40 mil familias que ya tenían avanzado su proceso para adquirir casa o apartamento, incluso con cuota inicial pagada y crédito aprobado, quedaran a la deriva. Más grave aún, un porcentaje de esos hogares se vio en la obligación de desistir de su sueño de ser propietarios, incluso perdiendo, en algunos casos, una parte de los recursos que habían aportado.
Tras varios meses de desgastante polémica y cruce de acusaciones entre el actual gobierno y su antecesor, por fin semanas atrás el Ministerio de Vivienda logró allanar los recursos (tanto de presupuesto ordinario como de los contemplados en el proyecto de adición presupuestal que cursa en el Congreso) y señalar, de paso, las nuevas reglas del juego en la asignación de los subsidios, que ahora tendrán un nuevo protocolo de focalización, basado en la clasificación del peticionario en la base del Sisbèn.
Lo importante ahora es que este nuevo esquema arranque en forma. De hecho, ya se empezó a girar una parte de los subsidios que estaban represados, en tanto que se abrió la convocatoria para nuevas peticiones. Los gremios han tenido una reacción cautelosa frente a este nuevo programa y consideran que si bien es muy positivo que se haya reactivado Mi Casa Ya, se requiere un plan de choque para darle un empujón más definitivo a la construcción de vivienda. De hecho, han planteado que se destine un presupuesto mayor a este frente, incluso más allá del billón de pesos que se planea adicionar a los 1,2 billones dispuestos inicialmente para sufragar este programa en 2023. Mientras el Ejecutivo se puso como meta que, al final de cuentas, se pueda llegar a los 75 mil subsidios este año, el sector productivo insiste en que avizorándose una descolgada del PIB incluso alrededor del 1% a diciembre, urge una apuesta mayor en la construcción para amortiguar esa grave circunstancia.
Por el momento, como se dijo, hay que destacar que se superó en parte el cuello de botella en la asignación de subsidios, pero no por ello se debe desconocer que a este ritmo superar la brecha habitacional le podría tomar al país varias décadas. Eso es innegable.