Los enemigos del Estado

Soberanía y control policial

Una de las variadas consecuencias de la interpretación sesgada de la Carta Política del 1991 es una cierta proclividad, en algunos medios, de culpar al Estado por anticipado de los males que se suceden en el país. Por esa razón, aumentan día a día las demandas contra la Nación. Se considera que el Estado es responsable en todas las estancias, ocasiones y oportunidades. Fallar en su contra, aún sin razón, es una manía. Por montos gigantescos se condena a la Nación, no pocas veces de forma injustificada, arbitraria o injusta. Con sorprendente frecuencia aflora en la mentalidad de funcionarios judiciales, abogados y gentes del común la convicción que responsabilizar al Estado y llevarlo a los estrados es un buen negocio. En últimas, el Tesoro Público debe pagar, pues es una manera de retornar esos dineros o de repartirlos entre el público, los querellantes y sus abogados. Y siempre hay causales para demandar y exigir reparaciones del Estado. Incluso han surgido sofisticadas empresas de litigantes que se dedican a interponerle pleitos a las entidades oficiales en los campos más variados, obteniendo jugosos dividendos. Unos se apoderan “legalmente” de tierras de la Nación, en tanto otros las explotan ilegalmente, como es el caso de la minería que tienen dragas y aparatos sofisticados que cuestan millones y se apoderan impunemente de nuestra riqueza. Lo mismo ocurre con las pensiones, con el despilfarro de los recursos públicos, con la contratación… En fin, toda una suerte de casos que proliferan para asaltar al Estado y que, generalmente, quedan sin castigo.

Numerosos fallos contra el Estado pasan por debajo de la mesa y no son conocidos por el público. Si se examinan los casos en que se suele condenar al Estado por sumas multimillonarias, se llega a la conclusión que uno de los más grandes negocios que se da en Colombia es defraudar a la Nación. Siempre existe algún motivo para ello, en particular por cuenta de la Constitución de 1991 y de las varias Cortes que se pisan los talones en cuanto a las  competencias y la forma como atienden las demandas contra las entidades oficiales. Y no les basta con demandarlo aquí en el país, pues de continuo llueven las demandas en el exterior en las cuales, en ocasiones, se condena al Estado a pagar cuantiosas sumas que desangran las finanzas públicas.

Varios factores se juntan para que se mantenga esa manía de demandar y en algunos casos condenar el Estado sin que existan méritos para hacerlo. En cierta forma, esa tendencia nihilista, de la que ya hemos hablado, es la que influye en funcionarios y demandantes que montan un negocio contra las instituciones, puesto que, sencillamente, creen que el Estado no es de nadie y que debe pagar. Por tanto, dado el nihilismo y la tendencia a pensar que el Estado no tiene dolientes, no debiera sorprender que un magistrado del Consejo de Estado, al que le correspondió la demanda por un asalto subversivo en Puerto Rondón (Arauca), donde las Farc atacaron la población con cilindros-bomba, resultando afectadas una iglesia, la escuela y viviendas particulares, convenza a algunos de sus colegas de un disparate como el de responsabilizar al Estado en ese caso. Es decir, que la presencia policial citadina, cuya principal misión es defender el orden, la vida y bienes de los colombianos se  castiga al condenar a la Nación, es decir a la sociedad colombina en conjunto. Este fallo es una muestra de la honda división que perturba a la sociedad y al Estado mismo, por cuenta del nihilismo que penetra las instituciones e incluso la alta magistratura.

Naturalmente, existen casos en los cuales el Estado es responsable y debe asumir las consecuencias y costos de esa situación. Incluso existe una Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que intenta impedir que con demandas esquilmen el Tesoro. Sin que, por sustracción de materia, se llegara a pensar que un magistrado cuya labor es defender jurídicamente el sistema democrático, de improviso, condenase al Estado que tiene la legitimidad de la democracia, en un asalto sangriento provocado por las  Farc. La Policía debe estar en los pueblos, en las ciudades, en las aldeas del territorio nacional. La Policía está conformada por gentes del pueblo, que sacrifican su vida por defender la sociedad civil, siendo allí donde cumplen su deber. Por lo mismo, siendo la Policía Nacional para que esté articulada en todo el país, en lo local depende de los alcaldes. Antiguamente los alguaciles obedecían al alcalde y al cabildo, en su tarea de mantener el orden. Sería un exabrupto y un atentado contra la soberanía nacional desterrar la Policía o la Fuerza Pública de nuestras ciudades, cuando la razón misma de la autoridad es ejercerla, no solamente en nuestras ciudades, sino en todo el territorio de Colombia, tal como lo consagra la Constitución de 1991 y todas las que la antecedieron. Lo contrario, en un país azotado por la violencia,  sería el retorno a la barbarie de los tiempos primitivos.