Muy diciente que tanto la Contraloría como la Procuraduría, en menos de un mes, hayan emitido sendas alertas por el retraso crítico en la implementación del catastro multipropósito, y como ésta falencia se convirtió en el principal obstáculo para la implementación de la política de reforma agraria, la entrega y formalización de más de siete millones de predios ordenada por el acuerdo de paz de 2016, así como el ordenamiento del desarrollo socioeconómico urbano y predial.
A mediados de noviembre, el ente de control disciplinario advirtió que las metas de actualización del catastro multipropósito estaban muy colgadas. Por un lado, el objetivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi era cerrar este año con 29,7 millones de hectáreas ya incluidas en este proceso. Sin embargo, todo indica que apenas se llegará a 7,5 millones de hectáreas. Es decir, que solo se cumplirá una cuarta parte de lo proyectado.
Más grave es el panorama en lo que tiene que ver con las metas cuatrienales señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo, que se fijó tener el 70% del país (80 millones de hectáreas en 660 municipios) ya cubierto con este instrumento, pero apenas se va en un 20%.
Por su parte, ayer la Contraloría emitió un control de advertencia al director general del Agustín Codazzi, poniendo de presente el riesgo de una baja formalización y actualización catastral en el país. Solo está avanzado en 73 municipios, con 8,8 millones de hectáreas en zonas urbanas y rurales. Es un volumen muy bajo, sobre todo si se tiene en cuenta que el país cuenta con 114 millones.
El ente de control fiscal también alerta sobre el riesgo de pérdidas de apropiación de los recursos destinados a la implementación del catastro multipropósito, la baja interrelación efectiva entre la información de catastro y registro, tal y como la problemática de ejecución presupuestal para este proceso en general.
Paradójicamente, no solo las entidades de control han prendido las alarmas respecto al escaso avance de la implementación del catastro multipropósito. La propia Misión de la ONU en Colombia, que vigila el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, de forma constante recalca sobre esta falencia.
Cuesta entender que una administración presidencial que repite a diario que la reforma agraria y la entrega de predios fértiles a campesinos es una de sus prioridades, no haya activado un plan de choque para acelerar la aplicación del catastro multipropósito. Una muestra más de la diferencia entre el discurso y la realidad gubernamental.