*Las EPS en la mira
*El combate a la corrupción
Entre las rarezas y anomalías contrarias a la Ley que se dan en Colombia, la Contraloría General denuncia que algunas EPS reciben jugosas sumas por la atención que les prestan a 89.000 difuntos. La noticia ha conmovido a todas las personas sanas y a aquellas que por una u otra razón acuden a las EPS con la finalidad de ser atendidas, para tropezarse con una muralla infranqueable en donde los funcionarios les dicen que no pueden ser atendidas por cuanto el Estado no ha girado los recursos que, según ellos, les deben. Y algunas de estas personas son enfermos graves, terminales, que padecen enfermedades dolorosísimas que requieren medicamentos especiales para aliviar sus sufrimientos, los cuales no se les entregan a pesar de que han cotizado toda una vida para estar amparados en caso de sufrir esos quebrantos de salud. En otras oportunidades son pacientes que si se atienden a tiempo y de manera preventiva, sus dolencias pueden ser tratadas y así mejorar, con lo que se evitan millones y millones de gastos en salud. Esas personas tampoco suelen ser atendidas porque “no hay tiempo”, ni valoran la importancia de la medicina preventiva que evita costos enormes para atender a pacientes que se podrían haber curado por un bajo precio.
A su vez, el viceministro de Protección Social, Norman Julio Muñoz, sostiene que su despacho realiza de manera regular y constante auditorías a la “BDUA” con el propósito de revisar que se den de baja en el sistema a los muertos, fuera de hacer un seguimiento minucioso a los beneficiarios sin cotizante y a más de un cónyuge activo en forma simultánea por cotizante. En ese sentido maneja cifras en donde se ha precisado que se han girado recursos sin justa causa por 473.000 millones de pesos y gracias a la acción oficial se han recuperado a la fecha 395.000 millones y avanzan procedimientos para recuperar otros 78.000 millones. Esto significa que en el interior del Gobierno se hacen esfuerzos para esclarecer esas situaciones anómalas que desangran el Tesoro Público y afectan la salud de los colombianos. La tarea no es sencilla pues algunas EPS tejen una verdadera telaraña de entes que manejan sus informaciones y que no son fáciles de detectar y descubrir el engaño. Estos casos revisten enorme gravedad por cuanto se manejan recursos públicos y ponen en graves aprietos a los hospitales, que les niegan a los enfermos la atención y por cuenta de esa inoperancia sus malestares se multiplican al punto que varios de ellos si hubiesen sido atendidos a tiempo estarían vivos.
Según los cómputos de la Contraloría General tras hacer rigurosas investigaciones y cotejar documentos, cifras y revisar ordenadores durante varios meses e interrogar a numerosas personas implicadas, esos 89.000 fantasmas a los cuales las EPS les reconocen el pago correspondiente podrían estar recibiendo 50.000 millones de pesos anuales. Al sumar por años esos 50.000 millones y agregar los 473.000 millones de pesos que señaló el viceministro de Protección Social tenemos un suma escalofriante de dinero que se ha ido al barril sin fondo de la salud.
Al mismo tiempo en dicho informe de la Contraloría sorprende que pese a que en el sistema de salud se permite a los afiliados incluir a sus hijos como beneficiarios 272.000 afiliados en el 2011 y 189.000 en el 2013 no los registraron. Esta es otra manera de incumplir con los deberes que tienen las EPS de atender a aquellas personas que son incluidas por ser parte del grupo familiar y les asiste el derecho para ello, con lo que se evitan erogaciones cuantiosas. Advierte la Contraloría que fallas como esas se presentan por inconsistencias que no se detectan a tiempo y que constituyen un fraude al sistema, puesto que debe existir un cruce entre la Registraduría Nacional y la Base de Datos Única de Afiliados, por lo que a juicio de la Contraloría esto obedece a un plan doloso articulado por personas que estarían comprometidas en desviar esas millonarias sumas del sistema de salud. Y como estos no son los únicos atentados que sufre el sistema de salud en sus finanzas, sino que deben sumarse otras cifras multimillonarias que producen grandes pérdidas al Estado, todas esas anomalías se están convirtiendo en una gran bola de nieve que pone en peligro el conjunto del sistema de salud. En su informe la Contraloría argumenta que actúa acorde con la Corte Constitucional que en la sentencia T-760 del 2008 dispuso que los entes oficiales resolvieran con urgencia estos problemas que agobian las finanzas oficiales.