* Contundente postura del fiscal de la CPI
* Presiones que afectan la institucionalidad
Nada más peligroso para la institucionalidad que poner en tela de juicio, sin prueba alguna y con claros móviles políticos, la idoneidad de las distintas instancias del poder judicial en Colombia. Y más grave aún es cuando esas descalificaciones provienen del mismo poder Ejecutivo y sus partidos de base.
Afortunadamente, la arquitectura constitucional de nuestro país tiene bases muy sólidas en cuanto al principio de autonomía funcional de las tres ramas del poder público, evitando que alguna de ellas trate de imponerse o invadir las esferas y competencias propias de las otras.
La institucionalidad judicial, por ende, es una columna vertebral del ordenamiento democrático y flaco favor se le hace a su legitimidad cuando desde la propia Casa de Nariño se lanzan aseveraciones graves sobre sus actuaciones y decisiones, por el simple prurito de que afectan o van en contravía de los intereses del gobierno de turno.
Si bien es cierto que la legitimidad de las altas cortes, Fiscalía y demás instancias del poder judicial no requiere de avales externos, ya que por décadas ha demostrado día a día su sometimiento a los mandatos constitucionales y legales, lo que ha evitado que Colombia cayera en el abismo de un Estado fallido -como sí ocurre con gobiernos sátrapas y autoritarios de nuestra región-, deben destacarse las afirmaciones esta semana del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los operadores judiciales en Colombia.
Tras reunirse con el Presidente de la República, el Fiscal General y otros sectores en el país, el fiscal Karim Khan resaltó que nuestra nación cuenta con una administración de la justicia que tiene toda la capacidad de garantizar que no habrá impunidad en las investigaciones y procesos por delitos graves y de lesa humanidad.
En esa misma línea, el fiscal de la CPI descartó, como lo han tratado de impulsar algunas instancias de izquierda con eco en la propia Casa de Nariño, que ese alto tribunal trasnacional haya pensado en reabrir el “Examen Preliminar sobre la situación en Colombia” que arrancó en 2004 y se cerró en octubre de 2021, esto último al considerar que la justicia estaba en capacidad de garantizar la persecución y castigo a los perpetradores de delitos graves y de lesa humanidad.
Khan no solo ratificó que Colombia no se constituye en un Estado fallido, sino que tiene un poder judicial que se ha fortalecido y está en la genuina capacidad de investigar los crímenes y aplicar las sanciones del caso. Por lo mismo, reiteró que la CPI seguirá apoyando a nuestro país.
Como se dijo, si bien la fiabilidad de la justicia colombiana se defiende por sí sola, esta clase de reconocimientos externos es muy importante, sobre todo ante sectores políticos y gubernamentales que continuamente, como una especie de eje de presión, aluden que acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia CPI en busca de obtener justicia eficaz y transparente. Desconocen quienes recurren a este tipo de advertencias, que esas jurisdicciones son complementarias y subsidiarias a la soberanía judicial colombiana, que está reconocida entre las más sólidas y eficientes no solo del continente sino de todo el mundo. Si bien hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad la opción de acudir a esas instancias externas, utilizar esa alternativa como mecanismo incluso amenazante, más aún cuando se ejerce desde despachos oficiales, es una acción claramente desinstitucionalizadora.
A hoy es claro que tanto los máximos tribunales jurisdiccionales como la Fiscalía, Procuraduría, jueces y demás operadores judiciales en nuestro país, tienen facultades y competencias para la administración de justicia. Hay un sistema de pesos y contrapesos funcionales que evita desbordes o corrige eventuales fallas. Incluso, Colombia es de los pocos países en donde han podido convivir sistemas de justicia ordinaria y transicional sin que se haya producido ningún rompimiento o choque insalvable del orden institucional.
Visto todo lo anterior, los conceptos del fiscal de la CPI resultan muy válidos y un mensaje contundente para quienes siguen dudando, con móviles poco claros, de la idoneidad de nuestra justicia.