Tres años después de los comicios parlamentarios de marzo de 2018, la Sección Quinta del Consejo de Estado, falló este jueves el que la misma entidad calificó como “el más grande proceso de nulidad electoral que ha tenido en toda su historia”.

En el respectivo fallo, el alto tribunal de lo contencioso administrativo negó la nulidad del acto de elección de los senadores de la República para el período 2018-2022, por cuanto las irregularidades advertidas no generaban cambios en la asignación de curules a los partidos políticos que hoy conforman la cámara alta, como tampoco en las asignadas a los candidatos de cada una de las colectividades.

Sin duda se trató de un proceso de alta complejidad, toda vez que implicó un estudio del 87.6% de las mesas instaladas en la jornada electoral de marzo de 2018. La Sala revisó 324.528 registros de 91.196 mesas de votación enjuiciadas en las 12 demandas que fueron presentadas individualmente y que se sustentaron en 11 cargos.

De acuerdo con el expediente, los demandantes alegaban irregularidades relacionadas con errores en los escrutinios, sabotaje a los sistemas de votación y transmisión de datos electorales, anomalías en el censo electoral, fraude en autenticación biométrica, postulación de candidatos inhabilitados cuyos votos luego no se restaron y otras inconsistencias.

Tras revisar cada una de las demandas, la Sala encontró que, de los 11 cargos estudiados, por las diferentes causales de nulidad, se evidenciaron irregularidades en cuatro de ellos, sucedidos en un poco más de 12 mil mesas, 30 mil registros y 26 mil votos. Con base en ello se estudió el impacto que tuvieron en los resultados electorales sobre la conformación del Senado, encontrándose que los partidos que, según los nuevos resultados pasarían el umbral, son los mismos que lo superaron en la declaratoria de la elección original.

Hay dos temas que llaman la atención. Primero, que el fallo se conozca cuando al actual Congreso apenas le resta un año y tres meses de trabajo. Y, segundo, que la Sección Quinta exhortó a la Registraduría Nacional para que haga una serie de ajustes a la logística, contratación de software y recuento de votos. Al Consejo Nacional Electoral se le requirió también algunos correctivos en la materia. Ojalá todas estas solicitudes queden aplicadas para los comicios parlamentarios de marzo de 2022. Hay tiempo suficiente para implementarlos.