* Colombianos de primera, segunda, tercera…
* Mientras se habla de paz, impera la violencia
Por más discusiones que pudieran traerse a cuento, tratando de evadir o esconder el tema, la verdad es que el problema más grave de Colombia continúa siendo el de siempre: la ineficacia del Estado en cubrir la totalidad del territorio.
Es aquella anomalía de bulto la que impide, ciertamente, llevar a cabo una política en condiciones de igualdad para todos los colombianos, de manera que suele gobernarse tan solo para una porción de los habitantes. Lo cual entraña, desde luego, una tremenda injusticia. Siempre dolorosa y latente.
Y es por esto también que, si bien se habla de una sola nación colombiana, la realidad es que parecieran sobreponerse varios países, donde, efectivamente, en amplias zonas del territorio se sufre con mayor rigor la dramática carencia de garantías para la población. Y donde, por lo tanto, la Constitución es casi inexistente o un mero saludo a la bandera.
A su vez, lo más pernicioso consiste en que tamaña inseguridad, ante todo de origen jurídico, se termina pagando en todos los frentes. En primer lugar, por supuesto, en la pérdida de vidas, el desamparo de la integridad personal y el desarrollo de una existencia constantemente sometida a las amenazas, el aislamiento y la zozobra.
En ese contexto, de antemano anárquico, las posibilidades de prosperar con dignidad, mantenerse a partir del esfuerzo laboral, mejorar las expectativas económicas de la familia, participar de la educación como elemento vital impostergable y, en suma, acceder a las ventajas de un orden político, económico y social justo, no tienen por descontado asidero alguno.
Pero todavía peor es confirmar que esto sucede sin ningún reproche estatal, como si la habituación a las tropelías fuera apenas una expresión natural. No obstante, basta con revisar los acontecimientos de los últimos días y tener que decir, en efecto, que el Estado está lejos de prevalecer y que en muchos lugares es inaplazable imponer la Constitución. Salvo que por cualquier razón incomprensible se quiera soslayar esta razón de ser de las instituciones nacionales.
Las cifras de inseguridad son extremadamente graves. Ya son 29 masacres con casi un centenar de víctimas en lo corrido del año. Se contabilizan más de 75 líderes sociales asesinados, así como doce desmovilizados.
Los homicidios pasaron de 4.100 con corte a abril, en tanto que la Defensoría del Pueblo advirtió un pico de casos de desplazamiento y confinamiento forzado de población. La ONU también alertó de un incremento en la violación de los derechos humanos. Hay también una oleada de extorsión, sicariato y de otros delitos de alto impacto a nivel urbano y rural. La disminución drástica de la erradicación de narcocultivos disparó la extensión de sembradíos ilícitos en todo el país, al tiempo que hay un auge de minería criminal. En Valle, Cauca y Nariño las disidencias de las Farc están en plena ofensiva terrorista, pese a los operativos de alto calado de la Policía y Fuerzas Militares. El panorama en esa región es crítico, aunque también hay alertas prendidas en otros cuatro corredores estratégicos, según se desprende del diagnóstico del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Como se sabe en Colombia debe imperar el Estado de derecho, con sus ingredientes sociales. Pero no es posible hablar de cumplir las últimas exigencias si por anticipado ellas no encuentran aliciente y soporte en la aplicación de la ley y un orden público pleno y satisfactorio. Además, a partir de una ciudadanía convencida de que sin este requisito categórico es incoherente hablar de un sistema democrático, cuya esencia no es el igualitarismo, sino el principio de igualdad.
No es, pues, el “orden público”, un término castrense ni una noción obsoleta, como algunos pudieran llegar a pensar en el batiburrillo terminológico que se ha tomado al país, intoxicado con los trinos y el estrépito de las redes sociales.
Por el contrario, ese concepto, de carácter civil y por ende columna de la civilidad, es hoy más apremiante que nunca, puesto que es el resultado constitucional previsto cuando se llevan a cabo los fines esenciales del Estado y las autoridades cumplen con las responsabilidades estipuladas.
De hecho, la Constitución es taxativa en que corresponde al presidente de la República “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”. Esto porque está obligado “a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. (Y subrayamos, todos).
Las anteriores no son prescripciones al aire ni para distraer incautos: son compromisos juramentados. Que es lo que, al unísono de una violencia desbocada, se está violando mientras se habla de paz.