*Unidad, unidad y respaldo al Gobierno
*Hacia una estrategia multipartidista
Los colombianos desde cuando adquieren uso de razón, ya sea en casa o en la primaria, tienen noticias de la geografía del país. Saben que existe el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Están conscientes de que, al conformarse por el Libertador Simón Bolívar la Gran Colombia en la Constitución de Cúcuta de 1821, se reconoció y consagró nuestra soberanía en esas islas, que forman parte desde la época del Imperio Español del Virreinato de la Nueva Granada.
Histórica y tradicionalmente todos los gobiernos colombianos han ejercido soberanía en el archipiélago. Lo anterior se reconoció en el famoso Tratado Esguerra-Bárcenas, en el cual Colombia, a cambio de nada por cuenta de la tendencia nefelibata de algunos de nuestros políticos y diplomáticos, cedió costas que históricamente eran nuestras en el Atlántico, a Nicaragua, país que nunca tuvo salida a ese mar hasta ese momento.
El expansionismo de Nicaragua se fundamenta en los términos geopolíticos heredados de la Guerra Fría, mediante los cuales todo es lícito para desconocer la soberanía de otras naciones, como lo ha hecho de manera abusiva y agresiva con Panamá y Costa Rica. El gobierno populista de izquierda de Nicaragua no tiene otro código que el de los antiguos corsarios que asolaron el Caribe y se mofa del Derecho Internacional, incluso de los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya cuando no le convienen.
Nicaragua suele transgredir de manera brutal y desfachatada las fronteras de sus vecinos, así como abusar de los pescadores colombianos en el mar del archipiélago de San Andrés. El gobierno colombiano está en mora de publicar un libro de denuncia en el cual se deje constancia de los atropellos, detenciones arbitrarias, torturas, extorsiones y vejámenes de los que con tanta frecuencia son víctimas los isleños colombianos cuando salen a pescar. Ese libro debería ser difundido en todos los ámbitos, en particular en la ONU, la OEA y los entes internacionales. Lo anterior puesto que el inicuo fallo de La Haya contra Colombia, que desconoció los derechos marítimos del archipiélago de San Andrés, se constituye en una gravísima afrenta a la población colombiana que vive de la pesca desde tiempos inmemoriales.
No se puede permitir que el gobierno de Ortega quiera fijar a su antojo los límites en el Mar Caribe, pues éstos están señalados ya en sendos tratados internacionales que deben cumplirse y respetarse a la luz del Derecho Internacional. Ninguna de las tres demandas de Nicaragua tiene bases sólidas y Colombia debe acudir a todas las instancias para comprobarlo de forma clara e inapelable.
Es claro que ahora lo que pretende Nicaragua, desconociendo que no somos signatarios de la Convención del Mar, es que la ONU avale un acto de filibusterismo cínico, al extenderse hacia el oriente, con la pretensión de rodear el archipiélago y convertirlo en un enclave en su mar. En ese sentido Colombia no está obligada a la jurisdicción de esa entidad internacional. Es más, como se recuerda, el gobierno de Colombia, frente a ese descarado intento de expansionismo de la nación centroamericana, se dirigió al Secretario General de las Naciones Unidas en defensa de los derechos de nuestro país sobre su plataforma continental en el Caribe Occidental y en el Océano Pacífico.
Por más que profundicemos la fina diplomacia con la cual intenta calmar los ánimos la canciller María Ángela Holguín, hay que estar alertas. Es posible que en cualquier momento los nicas intenten un incidente marítimo de imprevisibles consecuencias. No hay que caer en provocaciones. Debe ratificarse tesis con la que estamos de acuerdo, que el fallo de La Haya es inaplicable. Respetamos a ese alto tribunal, mas no podemos abandonar a los isleños colombianos ni renunciar a nuestros derechos o quedarnos impasibles frente a una Nicaragua que pretende transgredir constantemente nuestras fronteras. El país debe ser uno solo en esta causa. Pedimos a los colombianos unidad, unidad y respaldo al gobierno en la defensa de nuestros derechos y existencia como país libre.
Ante el aumento de la amenaza a nuestra soberanía, es dable señalar que para que esa unidad sea más fuerte es necesario ampliar el ámbito de nuestra estrategia de defensa, la cual debe superar la instancia meramente gubernamental para convertirse en una plataforma más amplia, de criterio y preponderancia nacional, pluripartidista, estatal e incluyente.
Al equipo de defensa ante esta nueva demanda nicaragüense, compuesto por dos ilustres juristas, deberían unirse otros expertos. En el conservatismo hay nombres con toda la trayectoria y experticia en derecho internacional listos para dar luces y colaborar en esta causa patriótica. Lo mismo en otras colectividades. Desgastado un poco el escenario de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y siendo urgente elevar el carácter institucional y nacional de la defensa de nuestra soberanía, hay que abocar una estrategia multipartidista, amplia y coherente. La razón está de nuestro lado y debemos ratificarla en todos los ámbitos.