*Democracia municipal y desarrollo
*Necesitamos ejecutores y no demagogos
Desde que se propuso la elección popular de alcaldes en Colombia, por iniciativa en el Congreso de Álvaro Gómez, ha corrido mucha agua bajo los puentes. La aprobación del famoso Acto Legislativo de 1986 se constituyó en un verdadero hito contrarrevolucionario de importancia histórica, que tenía entre sus principales motivaciones restablecer la democracia municipal, de las más importantes herencias coloniales, donde se reflejan las grandes y pequeñas necesidades de los pueblos. Los habitantes de populosas y de las pequeñas urbes le estaban cobrando alergia al ejercicio del voto, en cuanto las maquinarias electorales competían por llevar a los peores a los concejos, cuando en el pasado se tenía una tradición de escoger a los mejores y más prestigiosos e influyentes personajes para servir en ese campo ad honorem. Por cuenta de las maquinarias de los partidos contaminados de populismo y corrupción, los concejos degeneraban y las roscas de negociantes-electoreros y electoreros-negociantes prevalecían. Así fuese en pequeña escala, comparada la situación con los desfalcos multimillonarios que se investigan en la actualidad, atados a los grandes contratistas.
Los urbanizadores piratas estaban de moda y las intrigas de concejales en instituciones locales las hacían inviables. Familitas políticas enteras se lucraban de los denominados feudos podridos, por lo que solían tener electorados cautivos. Los desfalcos, proporcionalmente, no eran tan caudalosos como ahora, por diversas razones; los presupuestos eran menores y en los partidos tradicionales, principalmente, el conservador y entre algunos dirigentes liberales, había una cierta competencia por defender la pulcritud administrativa, mientras a contrapelo de esa doctrina otros se lucraban, en particular los elementos populistas sin mayor compromiso ideológico.
Para Álvaro Gómez, semejante estado calamitoso y de peligrosa desconfianza de la población urbana por ejercer sus derechos, votar y participar en la política local, llevaba a la quiebra del sistema. No tanto en las elecciones presidenciales, ni en las del Congreso, sino en los concejos de las ciudades donde vive la mayoría de los colombianos, donde el ciudadano estaba de retiraba y claudicaba el civismo. Álvaro Gómez estaba contra esa regresión, un olvido de los deberes cívicos del ciudadano al negarse a participar y dejar la política local en manos de los peores. Cuando en el pasado los cabildos fueron esenciales para garantizar el buen gobierno citadino desde los tiempos de los Austrias, que en la agonía del Imperio Español en América y la creación de la República, los cabildos populares fueron decisivos. Le parecía entonces que se debía hacer un esfuerzo supremo para rescatar la democracia local. Se trataba de hacer el más formidable ensayo de descentralización de la historia del país en el siglo XX, puesto que el Presidente de la República acumulaba demasiados poderes, lo que se convertía en un problema insoluble, dado que cada nuevo gobernante bajo la presión de los partidos políticos, de sus necesidades electorales procedía a jugar con esos nombramientos. En algunos casos con buena o mala fortuna; desconociendo en ocasiones las necesidades locales, puesto que los grupos de presión política enquistados en las urbes conseguían que les nombraran alcaldes de bolsillo.
Así que tras una honda reflexión el jefe conservador consideró que, para evitar la deserción masiva de las masas colombianas de la política urbana, era preciso hacer la contrarrevolución de proponer la elección popular de alcaldes, en el tiempo se vería cómo funcionaba el proyecto y los cambios que se deberían hacer de ser necesario. Y entre las grandes iniciativas que se consagraron, posteriormente, en la Carta de 1991, estuvo que de los dineros de las regalías se dispusiera que debieran ser obligatoriamente destinados a educación, salud y obras públicas. Así se les dotaba no solamente de poder político sino de fondos, de capacidad de servir al crecimiento y desarrollo nacional. Por desgracia, el Congresito, al que poco caso se le hizo entre los medios de comunicación y el público, penetrado por sectores contestatarios modificó esa iniciativa, para determinar que se podrían utilizar esos fondos, temporalmente, de manera distinta. En los municipios en los cuales los alcaldes salieron de movimientos cívicos o de elementos pulcros y capaces de los partidos el experimento hizo reverdecer la democracia y provoca la aparición de nuevas figuras. Con los años las maquinarias de los feudos podridos se reorganizaron y consiguieron retornar al poder o surgieron otras fuerzas que, en nombre de la anti-política, llegaron resueltas a organizar el saqueo en forma. Y en eso estamos. Pese a que, ocasionalmente, la sociedad reacciona y apoya como en Santiago de Cali la elección de un ejecutivo brillante como Rodrigo Guerrero, que sin ruido y con competencia y eficiencia, consigue hacer el túnel urbano más largo del país, de 980 metros, siendo una de las 21 megaobras que trasformarán esa ciudad. Lo que demuestra que las cosas pueden cambiar cuando triunfan los grandes ejecutores y no los demagogos.