*Nueva realidad a partir de la reforma estatutaria

*Profundizar saneamiento financiero del sistema

QUE  la invocación para que se proteja el derecho a la salud es el principal móvil de los colombianos cuando acuden a la acción de tutela, no es ninguna novedad. Desde el mismo momento en que afortunadamente los constituyentes del 91 instituyeron este recurso de amparo, las deficiencias en el sistema de aseguramiento y atención médica se evidenciaron como el derecho más vulnerado en nuestro país. Bajo ese punto de vista no genera mayor sorpresa el informe revelado ayer por la Defensoría del Pueblo según el cual de las casi quinientas mil acciones de tutela que se elevaron en 2014 ante los jueces, la cuarta parte se referían a temas de salud. Para hacer más patente esta situación, el mismo estudio concluye que cada cuatro minutos se presentó un recurso de amparo pidiendo el otorgamiento de citas médicas, la autorización de procedimientos, el suministro de medicamentos y un universo muy amplio de servicios.

En no pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que no se puede caer frente a situaciones como esta en la búsqueda urgente de medidas para atacar la consecuencia, cuando lo que procede es establecer  mecanismos eficientes que acaben con la causa primigenia. En otras palabras que ante lo que se ha dado en llamar la “tutelitis” en salud lo que se requiere, antes de entrar a regular, limitar o incluso restringir el ejercicio de este recurso de amparo, es corregir las graves falencias que arrastra, estructuralmente, el sistema de aseguramiento en salud en Colombia.

Prácticamente no hay gobierno en las últimas dos décadas que no haya puesto en marcha directrices legales y reglamentarias para mejorar la calidad y eficiencia de la atención médica, sin que por ello se hubiera podido disminuir sustancialmente la crisis que afecta al sector. El último de estos intentos fue precisamente la Ley Estatutaria de Salud, que entró en vigencia hace pocos meses, luego de estar un largo tiempo enredada en el examen constitucional y la corrección de errores de trámite parlamentario. Dicha norma no solo elevó el de la salud a derecho fundamental, esencial y autónomo, sino que establece que debe ser garantizado prioritariamente por el Estado. A partir de la vigencia de la misma se supone que no solo se mejora el acceso a los servicios de salud, sino que se eliminan las autorizaciones previas para la atención en los servicios de urgencia, al tiempo que se fortalece el control de los precios a los medicamentos y se avanza en la obligatoria incorporación de las nuevas tecnologías como parte del servicio que presta la red hospitalaria pública y privada así como las Empresas Promotoras de Salud -EPS-. También se ordena a través de esa reforma que los médicos recuperen gran parte de su autonomía para ordenar tratamientos y medicamentos que consideren necesarios para sus pacientes, sin tener que atenerse a listados, o restricciones de tipo económico o administrativo. De igual manera se eliminaron muchas de las barreras que el propio sistema interponía a los usuarios para acceder a tratamientos especializados o drogas de alto costo. Todo ello, tanto en las normas de aplicación inmediata, como aquella que acabó con el llamado “paseo de la muerte”, asimismo, las medidas que tienen un plazo máximo de dos años para su total aplicación, deben convertirse en el mecanismo integral que evite que en este 2015 se repita el crítico panorama a que se refiere el informe de la Defensoría, que valga precisar se sitúa en lo que pasó en 2014, cuando no estaba en vigencia la reforma estatutaria referida.

Lo importante, como se dijo, no es solo la aplicación de este nuevo componente legal, sino también que el proceso de saneamiento financiero del sistema se acelere, pues en los últimos meses son cada vez más dramáticos los informes de la red de clínicas y hospitales sobre las deudas por más de cinco billones de pesos por parte de las EPS. No menos urgente es profundizar la depuración del Sisben y el régimen subsidiado, pues siguen en estos decenas de miles de personas que no tienen derecho a esta clase de servicios. De otro lado se hace necesario masificar una cultura del usuario de salud porque muchas veces quienes acuden a la tutela, lo hacen casi automáticamente sin haber intentado antes el trámite normal, que al tenor de todos los cambios ha mejorado en alguna proporción en materia de calidad y eficiencia en la atención.

La prueba de fuego, entonces, para saber qué tanto se ha disminuido la crisis en salud, será este 2015.