Preocupantes resultados del nuevo censo
Reforma muchas veces prometida y aplazada
Que el futuro de Colombia depende en gran parte de la rentabilidad social, económica e institucional del campo, termina siendo una premisa tantas veces repetida, pero no por ello acatada a lo largo de muchas décadas. Es más, si algo ha quedado en evidencia en el marco de los distintos procesos de paz, incluyendo el actual, es que la propiedad de la tierra, su plusvalía, y el universo de condiciones socioeconómicas derivado de las mismas, constituyen en el fondo la génesis de lo que los tratadistas suelen llamar “causas objetivas del conflicto armado”. La importancia del campo, medida no solo en materia de rentabilidad, sino como sustento social, político e institucional de toda nación, ha tomado una valía sin antecedentes en los últimos tiempos, a tal punto que transitando ya la segunda década del siglo XXI, las directrices sobre soberanía alimentaria, reserva estratégica de recursos naturales no renovables, y desarrollo sostenible, hacen parte de las prioridades estructurales de largo plazo de los países más potentes del planeta.
Todo lo anterior debe llevar a que el avance de los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario, revelados esta semana por el DANE, obliguen a la profundización de las políticas nacionales para rescatar el campo colombiano. Si bien es cierto que frente a censos generales, como el del 2005, hay avances en muchos aspectos, la situación rural continúa siendo muy delicada, según se desprende de la lectura objetiva de los principales indicadores. Por ejemplo, el Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- en el campo, que hace diez años estaba en 73,7 por ciento, hoy se ubica en 44,7 por ciento, un porcentaje muy alto y que evidencia que la brecha de desarrollo, progreso y calidad de vida, entre las áreas urbanas y las rurales, continúa siendo muy alta. No menos preocupante es el elevado índice de concentración de la propiedad en el campo, pues el censo demostró que casi el setenta por ciento de las llamadas Unidades de Producción Agropecuaria -UPA- tiene menos de cinco hectáreas, y ocupa solo el cinco por ciento del área censada, mientras que los predios con extensiones superiores a quinientas hectáreas están en cabeza apenas del 0,4 por ciento de los propietarios, confirmándose así que se mantiene la tradición terrateniente en Colombia. No menos alarmante resulta que pese a la ampliación de las políticas de crédito agrícola un alto porcentaje de productores del campo no acude a esos préstamos. Igualmente se evidenció que estamos muy lejos de tecnificar al campesinado, gran parte del cual mantiene prácticas de producción arcaicas, lo que limita en forma sustancial no solo la rentabilidad rural, sino la capacidad de superar la economía de subsistencia y poder entrar a competir de manera eficaz en los mercados agropecuarios internos y externos. Esto ha llevado, como es obvio, a que la densidad poblacional en los campos se disminuya progresivamente, pues los jóvenes prefieren buscar futuro en los centros urbanos antes que quedarse en sus parcelas, en donde ven que la opción de progreso no es mayor.
Dada la complejidad del censo es imposible condensar en este breve espacio sus principales conclusiones, como aquellas referidas a la evolución del área sembrada, los índices de calidad de vivienda, uso y cobertura del suelo, situación ambiental, y otros elementos claves para determinar cómo está el campo hoy en nuestro país. Sin embargo, es visible que la combinación de los efectos del conflicto armado, y el atraso estructural en las áreas rurales, no le permiten a Colombia garantizar un campo viable, seguro, rentable y con vocación de futuro. Pese a que los últimos gobiernos han aumentado progresivamente la destinación presupuestal para el agro, las falencias continúan siendo muy altas. Lo cierto es que para algunos expertos la crisis del campo ya está sobrediagnosticada y el problema ha estado en que las reformas agrarias integrales, tantas veces prometidas, nunca se han llevado a cabo en plenitud.
Los resultados del censo agropecuario, que hace cuarenta y cinco años no se realizaba en el país, ponen de presente, de un lado, que muchas de las políticas aplicadas en las últimas décadas partieron de cifras y escenarios demasiado parciales e incompletos y, de otra parte, que solo cuando se cuenta con una radiografía amplia y detallada, como la que se empezó a revelar esta semana, se podrá delinear e implementar una verdadera estrategia para el agro colombiano. De tal forma que la combinación de los resultados del censo y del estudio de la Misión Rural deben convertirse en los insumos del proyecto de Reforma Rural Integral que está preparando este gobierno y que debería concretarse de una vez por todas.