* Congreso no puede repetir los errores
* Responsabilidad política e institucional
“Los cautos rara vez se equivocan”. Ese es uno de los proverbios más providenciales del filósofo chino Confucio. Y la enseñanza que encierra aplica como anillo al dedo al proceso para escoger al nuevo Contralor General de la República, procedimiento que comienza mañana, según lo anunciaron las mesas directivas salientes de Senado y Cámara.
Como se sabe, semanas atrás el Consejo de Estado anuló la elección, en agosto del año pasado, de Carlos Hernán Rodríguez tras encontrar que durante el proceso de escogencia se incurrió en graves vicios de forma. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo determinó que en el trámite surtido en el Congreso se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución, el 21 de la Ley 5 de 1992, así como el 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación, inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.
En su momento, esos procedimientos anómalos fueron advertidos por distintas instancias y candidatos, pero el pulso político en que se imbuyeron el Congreso saliente y el entrante a mediados de 2022 terminó llevando a un accidentado proceso de modificaciones que, si bien culminó con la elección de Rodríguez, de inmediato se interpusieron varias demandas que, finalmente, desembocaron en la anulación de todo lo actuado a finales de mayo.
No deja de ser paradójico que era la primera vez que se aplicaba este mecanismo de convocatoria pública que, precisamente, se creó (al amparo de la citada ley de 2018) para hacer más transparente y meritoria la selección del Contralor General, disminuyendo la injerencia política.
Como se recuerda, antes la escogencia del jefe del ente de control fiscal la hacía el Congreso en pleno de una terna que era confeccionada por candidatos de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado.
Ahora, la elección final continúa en cabeza de las plenarias del Senado y la Cámara. Sin embargo, ya no se hace con base en una terna, sino que primero las mesas directivas realizan una convocatoria pública en la que se pueden inscribir todos aquellos que se consideran capacitados para el cargo. Con el apoyo de una universidad de primer nivel, se procede a un proceso de revisión de las hojas de vida, verificación de requisitos para ser Contralor, al tiempo que se examina que no estén incursos en inhabilidades e incompatibilidades. Una vez se superan estas fases, quienes continúen en el proceso deben presentar exámenes de conocimientos. Terminadas todas esas etapas, cada una de las cuales cuenta con instancias de reclamación, se procede a la publicación definitiva de los resultados.
Tras ello, el Parlamento designa una comisión accidental que elegirá 10 nombres de una lista de 20 donde están los aspirantes con los mejores puntajes. Igual se tiene en cuenta una entrevista con cada uno de los interesados. Finalmente, las plenarias escuchan por separado a cada uno de los 10 seleccionados. Y, por último, se convoca a una sesión plena del Congreso para hacer la elección.
Como se ve, cada etapa de este proceso está reglada y debe cumplirse al milímetro. El problema es que, como se dijo, en la transición del Parlamento saliente y entrante un año atrás, por móviles políticos y partidistas, se obviaron esas reglas y todo terminó viciándose.
Visto ello, es responsabilidad de las actuales mesas directivas del Senado y la Cámara (a cargo del Pacto Histórico) así como de las que se posesionarán el próximo de julio (en cabeza de la Alianza Verde y liberales) que no se incurra de nuevo en el mismo error. Lo ocurrido el martes pasado, en donde la plenaria de la alta corporación legislativa aprobó una polémica proposición para aplazar el arranque del proceso de elección del Contralor hasta que no se resuelva un recurso de acción de tutela interpuesto por Rodríguez, ya prendió las primeras alarmas. Si bien el ahora extitular del ente de control fiscal tiene el derecho a interponer los recursos legales que considere, el fallo del Consejo de Estado ya está en firme y ejecutoriado, por lo que dilatar sus efectos puede rayar en un prevaricato por omisión. Tampoco es conveniente el rifirrafe político que comienza a surgir entre las toldas gobiernistas y de oposición alrededor de la estructuración del proceso y el origen partidista del finalmente escogido.
La Contraloría General de la República ejerce un rol principal en la vigilancia y garantía de la correcta administración de lo público y salvaguarda del erario. Es un bastión anticorrupción. Tras el primer descache en la aplicación de la ley 1904, es obligatorio que el Congreso se asegure de que en esta ocasión no habrá yerros de forma ni fondo. Hay que proceder con máxima cautela y responsabilidad política e institucional.