La feria constitucional | El Nuevo Siglo
Viernes, 10 de Octubre de 2014

Solo prohibir reelección presidencial

Voto preferente es un avance democrático

LAS  reformas políticas sirven para teorizar, como viene ocurriendo en el Congreso y en las academias, pero pocas veces se sustentan en la práctica. La verdad es que la aspiración central, para el caso, consiste en desbrozar la política del clientelismo, la coyunda y las agendas furtivas. Se espera, por lo tanto, mayor escrutinio público, menor o nula propensión hacia las corruptelas y voto a conciencia, después de los análisis técnicos que puedan hacer los parlamentarios sobre los proyectos de Ley y los Actos Legislativos que se llevan a cabo en el hemiciclo.

Por desgracia, en Colombia, el Congreso ha sufrido una deflación política que responde a múltiples variables. Una de ellas, desde luego, los escándalos a que se ha visto sometida la corporación durante tantos años, disminuyéndole sus potencialidades como organismo central de la democracia. Igualmente, los niveles de idoneidad y experticia de quienes participan en el trámite legislativo resultan discordantes,  restando altura o capacidad para orientar los propósitos nacionales. También existe, de otra parte, una excesiva cercanía entre el Ejecutivo y el Legislativo, determinando un anquilosamiento de los circuitos democráticos.

Todo ello está visto y debería hacerse más por responder a las necesidades prácticas de mejorar el entorno de la dinámica legislativa. Asimismo, hay elementos institucionales, que no han recibido el debido desarrollo de la Constitución de 1991 y que podrían revigorizar la actividad parlamentaria. Colombia, por ejemplo, es de los pocos países donde casi nunca se ve a los directores de empresas privadas o gremios participando o siendo citados a los debates, bien para aportar o para ser sujetos de control. En los Estados Unidos, verbigracia,  es prácticamente normal que los congresistas citen a audiencias públicas para revisar la marcha de las empresas privadas. En cuanto a Colombia esto no suele ocurrir, pese a sonados episodios que han estremecido a la opinión pública, desconociendo que en la propia Carta los parlamentarios tienen estas facultades,  que faltaría desarrollar de una manera operativa.

Más allá de ello, sin embargo, lo que hoy se discute en el Parlamento, a raíz de la propuesta del gobierno de eliminar la reelección presidencial, se ha vuelto un verdadero baúl de anzuelos. Son tal la cantidad de figuras constitucionales que se discuten, bajo la mampara del supuesto equilibrio de poderes, que los ciudadanos han perdido por completo el seguimiento a lo que allí acontece.

Parecería ya que el adefesio del voto obligatorio, incorporado repentinamente a las discusiones, se ha marchitado. Otras iniciativas para la galería estarían a punto de correr la misma suerte, comprendido que sirven para ocupar los titulares y los reflectores, pero no dentro del cuerpo armónico y riguroso de la Constitución.

 A su vez, la idea de unificar los períodos de alcaldes y gobernadores  con los del Ejecutivo y los parlamentarios conlleva elementos patógenos que antes de oxigenar la política la cierran y la determinan dentro de un régimen hermético. Si bien desde el punto de vista institucional, ello serviría para las sinergias entre la Nación y las regiones, a través de los presupuestos y los planes de desarrollo, también significaría la vigorización de feudos podridos en muchas localidades.

La eliminación del voto preferente, por su parte, no tiene los visos positivos que se anuncian  en las listas exclusivamente cerradas.  Generar una estructura de partidos verticales no es la mejor señal en un país donde se pide mayor apertura y debate democrático.  De hecho, el voto preferente permite que las consultas internas de los partidos y la generación de liderazgos se verifiquen automáticamente con las mismas elecciones parlamentarias, de acuerdo con las capacidades y perspectivas de cada candidato. El Partido Conservador, por ejemplo,  ha logrado un método institucional para elegir a sus directivas en concordancia con su desempeño electoral, ahorrándole gastos al Estado. Podría decirse, tal y como están las cosas, que tal vez sea el conservatismo  el partido más democrático de cuantos hay en el escenario, precisamente porque tiene conexión permanente con sus  masas. De allí, que el Partido Conservador seguramente no acompañe la eliminación del voto preferente que le ha servido como mecanismo, tanto electoral como de su organización interna.

Como están las cosas, pues, parece cada día más sensato dejar el acto legislativo que prohíbe la reelección presidencial como normativa única, tal cual lo ha señalado el propio Jefe de Estado, en vez de seguir en la feria constitucional.