* Vigencia de la autoridad…
* Y celeridad en la concertación
En estricto sentido no debería existir dilema alguno entre el ejercicio de la autoridad y la canalización del diálogo hacia la concertación. En un Estado Social de Derecho, como el que está vigente en Colombia, ambos son elementos sustanciales para poder tramitar las difíciles circunstancias fruto del desempleo y el impacto socioeconómico de la pandemia del coronavirus. De hecho, la autoridad y el diálogo son ingredientes concurrentes, en vez de excluyentes.
En modo alguno, pues, puede decirse que la orden de desbloqueo de las vías dada por el Presidente de República, Iván Duque Márquez, es supuestamente una declaratoria de guerra al paro y la protesta. Por el contrario, la instrucción pretende, aparte de gobernar para la totalidad de los colombianos y garantizar todos y cada uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, preservar las posibilidades del diálogo y la concertación, despojando el escenario de las vías de hecho y los agentes del terror que han pretendido derivar el asunto en circunstancias por completo diferentes, con prevalencia del vandalismo, el desorden y la anarquía.
Está claro, desde luego, como el mismo Presidente sostuvo en su última alocución, que se trata de la acción gubernamental, dentro de la proporcionalidad y las acotaciones de ley, porque precisamente en ello se fundamenta el principio de autoridad. En ese sentido, toda acción del Estado tiene que estar enmarcada siempre dentro de la ley que es, justamente, la razón de ser del sistema democrático que nos rige. De hecho, las funciones del Estado se definen claramente en la misma Carta Magna, cuando en su artículo segundo se dice que: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
En ningún caso, entonces, se autorizan las vías de hecho, sino que, por el contrario, es obligatorio conjurarlas, so pena de caer, como también lo hemos dicho, en el prevaricato por omisión. Inclusive, para algunos ha sido relativamente tardía la orden presidencial para desbloquear las vías e impedir el vandalismo. Dada ahora la directriz, el Ejecutivo también tendrá que precaver que todo se lleve a cabo dentro de los postulados constitucionales reseñados.
Bajo esa perspectiva, incluso, el presidente Duque ha convocado, dentro de las aproximaciones que se adelantan con el Comité del Paro, la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las Manifestaciones Públicas. Esa es la instancia establecida por decreto para que se pueda hacer una clara disección de todo lo ocurrido en torno a las jornadas de protesta, la cantidad real de personas fallecidas, heridas y desaparecidas, así como la responsabilidad en las ingentes pérdidas de recursos públicos y privados. Las dramáticas circunstancias en que fallecieron varios jóvenes así como agentes del orden deben tener un esclarecimiento inmediato y el correspondiente castigo a los culpables.
De otra parte, es igualmente urgente que el diálogo establecido entre el Gobierno y el Comité del Paro comience a llegar a conclusiones. Si bien se ha dicho que hasta ahora se está en etapa exploratoria, incluidas mediaciones de la ONU y la Conferencia Episcopal, lo cierto es que las complicadas circunstancias del país requieren de acción aquí y ahora.
Los programas de asistencia social establecidos por el Ejecutivo de tiempo atrás necesitan de nuevo fondeo y para ello se ha prometido llevar al Congreso otro proyecto de ley atinente cuya radicación, sin embargo, asoma bastante entrabada. Una vez se presente, es una mínima exigencia que el Parlamento entre rápidamente a estudiar el tema, por cuanto se han ido las sesiones en otros asuntos y la rama Legislativa parece como abstraída de las dificultades del país, aparte de la retórica de siempre. Lo que se necesita es entrar a trabajar ya, desde luego, con un consenso diligente, pero ello no es posible si no hay, al menos, un texto sobre el cual debatir.
Al mismo tiempo el Comité del Paro ha dicho que mantendrá la interlocución con el Gobierno a pesar del llamado a una nueva movilización hoy. El Ejecutivo también reiteró su voluntad de concertación, incluso activando ya nuevos programas para el acceso gratuito a la educación superior pública y un plan de choque para incentivar el empleo juvenil. Es importante, entonces, que se entre al fondo de las materias planteadas, obviamente en un marco de orden público y convivencia. Como se dijo, autoridad y diálogo no son excluyentes, sino concurrentes.