* Complejidad de problemática minera
* No lesionar el principio de autoridad
El levantamiento a mediados de la semana pasada del llamado ‘paro minero’ que afectó por más de 33 días a la región del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, constituye una buena noticia, sobre todo para decenas de miles de habitantes de la zona que vivieron y sufrieron durante varias semanas el temor por el desborde violento de la protesta, las presiones de facciones del ‘Clan del Golfo’ para que apoyarán las manifestaciones, el desabastecimiento drástico de víveres así como la reducción sustancial de la actividad productiva, comercial y educativa.
Sin embargo, hay una serie de circunstancias y preocupaciones que subsisten más allá del cese de los bloqueos y las movilizaciones. De un lado, resulta claro que, tanto en esta región como en muchas otras del país es urgente avanzar en la estructuración de programas para lograr una efectiva y duradera formalización minera. No hay que llamarse a engaños, la conflictividad en el Bajo Cauca no acabará, sino cuando el Estado logre frenar la extracción ilícita de oro, ya sea esta realizada por los mineros artesanales o por estructuras tipo mafioso como el ‘Clan del Golfo’.
A los primeros, como es obvio, hay que ofrecerles medidas de acompañamiento, organización y capacitación para que puedan desarrollar este oficio ancestral de manera legal y sin depredar el medio ambiente. Y, a las segundas, debe aplicárseles todo el peso de la ley, destruyendo no sólo las gigantescas dragas y maquinaria amarilla que depredan y contaminan los ríos de la rica región, sino desvertebrando toda la estructura criminal que se mueve alrededor del millonario negocio aurífero. Aun así, el Estado no puede cometer el error de desconocer que, aunque se trata de dos fenómenos distintos, hay vasos comunicantes entre uno y otro. Los mismos líderes de la zona admitieron que muchos mineros que trabajan de forma independiente y artesanal, al final del día se ven casi que forzados a vender el oro encontrado a una red de compradores que tendría relación directa con organizaciones delictivas.
A la hora de derivar lecciones aprendidas de este ‘paro minero’, otra de las principales es, sin duda alguna, que los gobiernos de turno no pueden caer en la ingenuidad de creer que medidas adoptadas en el marco de sus respectivas políticas de paz, como el cese el fuego pactado por la administración Petro con el ‘Clan del Golfo’, iba a paralizar automáticamente la minería ilegal en el Bajo Cauca o llevaría a que esas facciones criminales renunciaran de buenas a primeras a una fuente millonaria “y diaria” de recursos. En ese orden de ideas, la decisión de la Casa de Nariño de suspender esa tregua con esta banda criminal terminó siendo tardía y, por ende, alargó el sufrimiento de la población de la zona. Es imperativo, asimismo, que el principio de aplicación de la autoridad legítima e institucional no puede negociarse ni lesionarse.
Por otro lado, resulta urgente que se discuta cómo es posible que se puedan instalar y funcionar en toda esta zona esas dragas gigantescas que, en su mayoría, no tienen los permisos y son claramente ilegales. Los alcaldes y las autoridades locales tienen que dar una respuesta al respecto. De hecho, los mismos pobladores sostienen que, en ocasiones, han tenido que quedarse semanas o meses sin trabajo mientras los dueños de las maquinarias destruidas por la Fuerza Pública las habilitan de nuevo.
No menos evidente es que, el Estado necesita hacer una presencia más activa y permanente en la zona. Los testimonios de muchos mineros tradicionales en estos municipios de Antioquia y Córdoba en torno a que allí no hay fuente de trabajo distinta a la de la búsqueda de oro, son muy dicientes. Por lo que, las economías locales giran sobre los réditos de la actividad extractiva, de la legal y la ilegal, mientras que otros rubros de industria, comercio o agroindustria son incipientes, emplean a pocas personas o tienen una rentabilidad sustancialmente menor frente a la aurífera.
Cabe destacar que, esta es una realidad que exige, claramente, una acción institucional que va mucho más allá del pliego de acuerdos con que se levantó este paro respecto a la implementación de un Distrito Minero, el funcionamiento de una mesa técnica de alto nivel ministerial sobre la materia, la implementación de estándares extractivos que no afecten el medio ambiente, la atención humanitaria a la población más vulnerable, la operatividad permanente de la Fuerza Pública contra la minería criminal de alto espectro o la reconversión productiva, entre otros aspectos.
El paro del Bajo Cauca terminó, pero es claro que tanto allí como en otras partes del país la problemática de la minería criminal, informal o la artesanal sigue vigente. A la luz de los hechos, se comprueba que los últimos gobiernos han avanzado soluciones hasta ahora insuficientes.