* La restricción solo favorece y fortalece a los violentos
* Incentivo ‘perverso’ a reclutamiento forzado de menores
La decisión del Gobierno en torno a autorizar bombardeos en medio de las operaciones de las Fuerzas Militares contra una facción de las disidencias de las Farc, específicamente en zona montañosa de Argelia (Cauca), enclave del corredor estratégico del cañón del Micay, aunque tardía, va en la dirección correcta.
Desde el mismo momento en que la Administración Petro restringió las operaciones de bombardeos a campamentos guerrilleros o desplazamientos de los mismos, condicionándolas a que primero se debía verificar que no existieran menores de edad en esos sitios, se advirtió que esta postura del Ministerio de Defensa le terminaría dando una riesgosa ventaja táctica a los grupos ilegales.
Dicho y hecho. Los contingentes residuales de las Farc, así como el Eln desplegaron de inmediato una campaña de reclutamiento forzado ilegal de menores de edad, sobre todo indígenas y campesinos, no solo para instrumentarlos en el crimen, sino para utilizarlos como ‘escudo humano’ en contra de las operaciones de las aeronaves de la Fuerza Aérea y el Ejército.
Los reportes de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía y ONU, así como de organizaciones no gubernamentales que trabajan en las áreas de derechos humanos, coinciden en que en los últimos dos años aumentó el reclutamiento forzado ilegal de menores de edad. Es más, esta ha sido la causa de continuos conflictos entre la Guardia Indígena y las facciones subversivas.
Así las cosas, la restricción de los bombardeos de las FF. MM. terminó por tener un efecto perverso, porque lejos de propender por la protección de los menores de edad, aumentó su victimización por parte de los violentos. Se habla no de decenas, sino de centenares de niños y adolescentes que han sido arrebatados de sus núcleos familiares y comunidades por parte, especialmente, de las disidencias, que incluso habrían creado en el Cauca una especie de ‘escuela de entrenamiento’ para estos niños y jóvenes.
Esta práctica bélica, que viola claramente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se facilitó aún más durante los meses en que estuvo vigente el cese el fuego pactado por el Gobierno con el llamado ‘Estado Mayor Central’, al amparo del cual, dichas organizaciones guerrilleras se expandieron en rentas ilícitas y fortalecieron militarmente. Todo esto se tradujo en un incremento de las masacres, asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, desplazamiento forzado de población, secuestros, extorsiones e intimidaciones a la población civil, con la imposición violenta de ‘manuales de conducta’. Hasta llegaron a ‘inaugurar’ escuelas, puentes y carreteras, como una muestra de su avance en ‘control’ territorial, circunstancia muy grave para la prevalencia de la legitimidad institucional y la vigencia del Estado Social de Derecho en todo el territorio.
Por ahora, según el Ministerio de Defensa, los bombardeos en el Cauca solo se hicieron en áreas despobladas para garantizar que no hubiera campos minados ni que las tropas de la Fuerza Pública corrieran peligro en su despliegue por el cañón del Micay. Sin embargo, más temprano que tarde habrá que tomar una decisión sobre si se permite esta acción militar legítima y amparada por el DIH contra los campamentos y desplazamientos de grandes grupos de guerrilleros. Renunciar a los ataques aéreos castrenses ha sido uno de los mayores errores en la ya de por sí cuestionable e ineficiente política de seguridad y orden público de este gobierno.
Si bien es prioritario evitar la muerte de menores de edad que hayan sido reclutados y victimizados por los grupos subversivos, es claro que resulta muy complicado, casi que imposible, para la Fuerza Aérea y el Ejército establecer en qué concentraciones de ilegales hay o no menores de 18 años.
La definición de este debate se hace más urgente ahora que, en el marco del accidentado proceso de negociación de paz con las disidencias, el Gobierno terminó en tratativas y manteniendo el cese el fuego con apenas tres bloques del EMC, en tanto que ordenó una ofensiva militar a nivel nacional contra la facción más grande de esa organización residual de las Farc, al mando de alias ‘Mordisco’.
El Ejecutivo no puede seguir desconociendo los llamados de muchos gobernadores y alcaldes en torno no solo a que se desmonte el cese el fuego con todas las disidencias de las Farc, sino que autorice los bombardeos a los campamentos y desplazamientos de columnas de subversivos. La escalada terrorista de la facción de ‘Mordisco’ en Valle, Cauca y Nariño es una evidencia de que la mano blanda con estas organizaciones criminales solo ha servido para que se expandan militarmente, aumenten sus ingresos ilegales y, acudiendo a la violencia y la barbarie, tengan contra la pared a millones y millones de colombianos inermes que no entienden por qué el Estado no cumple su principal misión: proteger la vida, honra y bienes de la población civil.