Nuevas discusiones de justicia transicional

Alcances de las amnistías frente al Estatuto de Roma

A la subcomisión jurídica creada en la mesa de conversaciones de La Habana, integrada en principio por Enrique  Santiago, Álvaro Leyva y Diego Martínez han llegado como delegados gubernamentales  los exmagistrados Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, así como el jurista norteamericano Doug Cassel. No se sabe si discutirán entre ellos, cuál es el alcance de sus funciones o si presentarán documentos públicos o privados, lo mismo que  si sus opiniones tendrán efectos vinculantes o si de ellas se derivará algún acuerdo, pero se entiende que tratarán el tema de la justicia transicional.

No tendría la comisión de juristas, en principio, que trabajar necesariamente en Cuba, tanto en cuanto, por los voceros antedichos, es posible hacerlo en cualquier salón colombiano. Salvo, claro está, que los exmagistrados tengan interlocución directa con las Farc, en sesiones precisas, donde expresen sus opiniones en la materia. Pero esto tampoco se sabe. Lo único que se ha dicho, igualmente, es que se trata de apurar el paso hacia noviembre próximo, cuando el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que hará una evaluación de si se sigue o no con el proceso de paz.

Esa fecha, sin embargo, ha sido tomada por varios medios de comunicación como si fuera el tiempo que el Presidente ha dado para firmar el acuerdo final antes de culminar 2015. Es lo que, de algún modo, ha hecho carrera dentro de la opinión pública. Sin embargo el anuncio fue, simplemente, una reacción ante la renovación de la tregua unilateral declarada por parte de las Farc y que Santos contestó, a su vez, con la nueva suspensión de los bombardeos aéreos sobre los campamentos de la subversión lo que,  por su parte, la oposición califica de inconstitucional y el gobierno de gestos mutuos en la vía de desescalar el conflicto.

La justicia transicional, como se sabe, es uno de los puntos de mayor divergencia en el proceso.

Sin embargo, las Farc, previa a la subcomisión jurídica, anunciaron que el tema de la justicia de transición tendría recibo siempre y cuando, en una primera etapa, se estableciera y diera curso a la Comisión de la Verdad, a la que han añadido una subcomisión para desentrañar el fenómeno del paramilitarismo. Agregaron, tal cual lo hizo el abogado Enrique  Santiago en una entrevista exclusiva con Semana, que en la mencionada Comisión estarán los máximos “responsables” de ambas partes en contienda.

Es entendible, de otro lado, que dentro de los subcomisionados jurídicos esté el exmagistrado Cepeda, quien fue el encargado de dar vía libre al Estatuto de Roma, base de la justicia transicional, cuando hizo parte del tribunal constitucional. Al declarar la exequibilidad del Estatuto de Roma e incorporarlo a la legislación colombiana estipuló, en la sentencia C-578 de 2002 que “ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos, por parte del Estado colombiano, siempre y cuando dicha concesión se efectúe de conformidad con la Constitución política y los principios y normas de Derecho Internacional aceptados por Colombia”.

Frente a ello, el presidente Santos ha dicho una y otra vez que no habrá amnistías generales para los máximos responsables. En tal sentido, la subcomisión de juristas tendrá que estudiar, ante todo, los alcances de la extensa ponencia hecha en su oportunidad por el magistrado Cepeda y la interpretación del enunciado anterior, entre muchas otras circunstancias y cláusulas que allí se toquen de forma taxativa.

La justicia transicional, en principio, fue inventada para aquellos países donde regían dictaduras o gravísimas distorsiones democráticas, como las raciales de África del Sur, a fin de que los Estados asumieran sus responsabilidades. De hecho, el Estatuto de Roma, como jurisdicción penal internacional, tiene su antecedente más claro en los juicios de Nuremberg a los altos oficiales y funcionarios nazis que fueron capturados  y a los que no se aceptó la justificación de que procedían bajo órdenes superiores, produciendo el genocidio judío.

Por lo pronto, la delegación gubernamental, no ha expresado nada en público, en cuanto a que se anticipe el curso de la Comisión de la Verdad y en ella se involucre, exactamente en las mismas condiciones, a ambas partes. Al final de este ciclo de negociaciones se deberá saber cuál es su opinión en la materia.