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Urge una verdadera reforma electoral
A un poco más de dos meses para la cita en las urnas en que se escogerá a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, el panorama electoral está enviando unas señales de alerta que no pueden ser desestimadas ni considerarse como ‘normales’ dados los vicios que distinguen la forma de hacer política en Colombia. Por ejemplo, la semana que termina sorprendió una denuncia de la Fiscalía en torno de que se habían producido una serie de capturas de personas vinculadas a la banda criminal del ‘clan Úsuga’. Esto no tendría nada de extraño si no fuera porque entre los detenidos figurarían concejales, excaldes, e incluso candidatos para los comicios de octubre en Córdoba, Sucre, Meta, Bolívar y Putumayo, entre otros. Este operativo marcó lo que podía ser el primer capítulo de “bacrimpolítica” en la actual campaña proselitista. Pero no es este el único suceso de presunta infiltración o presión de grupos armados a la campaña, pues ya la misma Federación de Municipios, como se publicó en este diario días atrás, había advertido de esta clase de hechos en varias zonas del país. A ello hay que sumar aquellos aspirantes a los que se señala de tener relación política e incluso familiar con condenados por el escándalo de la parapolítica.
No menos preocupante resulta el hecho de que, tal como lo denunció la Procuraduría en un informe al Consejo Nacional Electoral, más de setecientos candidatos inscritos tienen sanciones disciplinarias vigentes. Por igual, está pendiente de resolver casi un centenar de denuncias por presunta doble militancia o inhabilidades de aspirantes a los ejecutivos regionales y locales. Y qué decir de las alertas tempranas lanzadas por autoridades, veedurías ciudadanas y varias ONG especializadas en torno de que fenómenos como el trasteo y compra de votos son más que evidentes en muchos departamentos y municipios. En este caso específico llamó la atención lo advertido por el Departamento de Planeación esta semana respecto a que se estaría utilizando abusivamente el Sisben para ampliar el número de integrantes de los núcleos familiares, con el fin de tratar de hacer pasar a los ‘colados’ como residentes en aquellos lugares en donde se necesita que voten. Se calcula que en casi un veinticinco por ciento de los municipios se pueden estar presentando casos de trashumancia electoral, lo que evidencia la extensión de este delito.
A todo lo anterior debe adicionarse el alud de denuncias que a diario se escuchan sobre presunta participación en política de funcionarios públicos, sobre todo a nivel municipal. No menos repudiable es que algunos candidatos a gobernaciones y alcaldías estén tratando de adueñarse de políticas y programas gubernamentales, con el fin de capturar votos de manera artificiosa. La publicidad política también ha dado mucho de qué hablar, desde casos que rayan en lo macondiano como el utilizar asnos para promover aspirantes, hasta cuñas en que algún candidato invita a la ciudadanía a que reciba el dinero que le están ofreciendo para comprar el voto, pero que a la hora de sufragar le haga ‘conejo’ al oferente.
Los partidos y movimientos políticos tampoco han sido ajenos a este preocupante escenario de campaña. A diario se ve a dirigentes de todo nivel cruzar duras acusaciones y señalamientos, anunciar demandas penales por doquier y advertir, prácticamente a quienes por uno u otro motivo están apoyando candidatos ajenas a las respectivas colectividades. También resulta inquietante que pese a faltar dos meses y unos pocos días para los comicios, aún no haya terminado el proceso de revisión de las firmas que sustentan más de cuatrocientas candidaturas de los llamados movimientos significativos de ciudadanos.
Este breve repaso por los distintos vicios e irregularidades que afectan la campaña proselitista, pone en evidencia que la legislación vigente para garantizar unos comicios transparentes continúa teniendo muchas falencias. En no pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas cómo siempre que se suceden las citas en las urnas y se hace un corte de cuentas sobre las circunstancias que afectaron su limpieza, se prometen en múltiples instancias reformas al Código Electoral que al pasar de los meses, incluso años, terminan en nada, solo vuelven a mencionarse y señalarse como prioritarias cuando sobreviene la siguiente campaña. Ya desde el Congreso, las autoridades electorales y el propio gobierno se ha escuchado por estos días que se presentarán sendos proyectos de ley y reformas constitucionales para adoptar unas nuevas normas electorales. Esperemos que en esta ocasión se pase de las promesas a los hechos y que en los posteriores comicios por fin el país tenga unas reglas de juego efectivas que garanticen la transparencia.