Escogencia popular de alcaldes locales
No es eso lo que Bogotá necesita
La elección popular de alcaldes locales en Bogotá no es una buena idea. Por lo menos ahora. Desde luego, meterle más pueblo a la democracia muchas veces es solución. Pero para que esto ocurra deben estar dadas las condiciones de estructura administrativa, madurez política y financiamiento, correspondientes. El nombramiento de alcaldes locales con base en concursos y acorde con las ternas dadas por las Juntas Administradoras Locales (JAL) ha tenido tanto de largo como de ancho. Ha sido positivo, de un lado, porque precisamente se logró una forma de democracia indirecta. Es decir, que los ediles, elegidos popularmente, tienen la vocación nominativa a partir de su intervención en la terna. De otra parte, ha sido negativo en cuanto a que no siempre las personas seleccionadas, en las coaliciones respectivas, ofrecen las garantías para desempeñar un cargo que, por lo demás, resulta de mayor importancia a lo que la gente cree. De hecho, en múltiples ocasiones las ternas han sido devueltas y el proceso de conformación complicado.
El ejercicio de las JAL, desde la creación del Estatuto Orgánico, pretendía generar una cultura y civilidad propias en cada una de las veinte localidades bogotanas. Desde ese punto de vista, no es mucho lo que se ha avanzado. De otra parte, podría decirse que el experimento sí ha dado resultados plausibles en la medida en que las comunidades se han apropiado de una manera más responsable y directa de las problemáticas sociales y económicas de las zonas. En ese aspecto, se ha creado una mayor cantidad de ciudadanía.
No obstante, para nadie es secreto, a su vez, que el sistema de las JAL encareció geométricamente el ejercicio político en la capital, hasta el punto de que las elecciones para el Concejo y la Alcaldía Mayor terminaron desquiciándose. Con la elección popular de alcaldes locales subiría de punto la compraventa al por mayor de respaldos políticos, incrementando los espacios por donde se han colado las corruptelas. Los montos inverosímiles que se tramitan, incluso, resultan de una proporción tan inusitada que se ha vuelto inviable participar de la política si no se tienen fondos estrambóticos.
Es eso, precisamente, lo que se critica, por ejemplo, en el caso de varios senadores, por lo general, no capitalinos, que gracias a la circunscripción nacional buscan conseguir el respaldo de algunos de esos ediles, a través de la monetización política y sin que jamás vuelvan a visitar a las localidades.
Ello ha sido francamente lesivo para la ciudad en la medida en que ésta casi no tiene dolientes en el Senado, mientras que la Cámara de Representantes no cuenta con las facultades suficientes para ejercer el control político en la urbe.
Si a todo lo anterior se le suma la elección popular de alcaldes locales la situación terminará más desbordada de lo que está. Tampoco es claro, siquiera, que el sistema de Juntas Administradoras Locales haya sido benéfico para llevar a cabo el Plan de Desarrollo Distrital, y los ajustes de la entonces alcaldía de Enrique Peñalosa, que puso en cintura la ejecución desordenada, apenas si han servido para poner coto.
Asimismo, las alcaldías locales no poseen, pese a todas esas modificaciones, dientes ni infraestructura para llamarse verdaderamente tales. A pesar de tener la salvaguarda del orden público en cada zona, por ejemplo, es muy poca la incidencia sobre la Policía y la planta es pequeña, en el entendido de que sus funciones tienen limitaciones. Cambiar la estructura por una elección popular supondría a su vez el posterior ensanchamiento de nóminas y de las competencias.
Lo que necesita Bogotá es una restructuración administrativa general, como lo hemos dicho, de manera que las entidades respondan verdaderamente a las necesidades del ciudadano y los requerimientos de modernización de la ciudad. Antes que elección popular de alcaldes locales, eso es lo que requiere la ciudad.