La violencia no da tregua en las regiones y prueba de ello es que las masacres continúan. La última se presentó esta semana en zona rural de Balboa (Cauca), en donde tres personas fueron asesinadas. Las autoridades manejan varias hipótesis que apuntan a grupos armados ilegales como principales autores. En esa zona, de acuerdo a los mapas de riesgo, delinquen facciones del Eln y grupos residuales de las Farc.

Según las estadísticas de Indepaz esta fue la matanza número 75 en lo corrido del año, con casi 260 víctimas que, si bien es un número inferior a las 93 del año pasado y sus más de 300 decesos, es una cifra muy alta que evidencia la forma en que los grupos guerrilleros, bandas criminales de alto espectro, tal y como carteles del narcotráfico, minería ilegal y otras expresiones de delincuencia común y organizada están imperando en muchos territorios y disparando la victimización de la población.

No pocos gobernadores y alcaldes, así como entes de control, organizaciones no gubernamentales y otras instancias de defensa de los derechos humanos han advertido que la institucionalidad y la supremacía del Estado Social de Derecho están siendo desplazadas en muchas zonas del país por los violentos. Incluso, varios sectores políticos culpan a la accidentada política gubernamental de “paz total” por haber limitado la operatividad de las Fuerzas Militares y de Policía en el marco de los ceses el fuego pactados con grupos irregulares, los mismos que han incumplido de manera reiterada las treguas y aprovechado para ampliar su accionar violento, disputar el dominio de las rentas ilícitas y disparar el reclutamiento forzado de menores, entre otras anomalías.

No menos grave es lo que viene ocurriendo con los desmovilizados de las Farc, que continúan siendo asesinados. El último caso se registró el pasado domingo en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), con lo que se elevó a 31 el número de homicidios de excombatientes este año.

El panorama para los líderes sociales y defensores de derechos humanos también ha sido muy complicado este año. Según el monitoreo de Indepaz en lo corrido de este año han sido asesinados 172 personas que ejercían algún tipo de rol principal en sus comunidades.

Visto todo lo anterior, es urgente que el Gobierno nacional acepte que la violencia le está tomando ventaja en muchos departamentos y se requiere un ajuste de fondo a la política de seguridad y orden público.