*Las quejas de gobernadores y alcaldes
*Gobierno nacional debe analizarlas
A un poco más de seis meses para que gobernadores y alcaldes terminen sus períodos, es bueno hacer una radiografía de las quejas, reclamos y sugerencias que gran parte de ellos han puesto sobre la mesa a lo largo de sus mandatos. En primer lugar, es evidente que, como era apenas natural, les correspondió a los actuales mandatarios departamentales y municipales el arranque del nuevo Sistema Nacional de Regalías, que si bien introdujo un principio de mayor equidad en la distribución de estos billonarios recursos, tuvo un comienzo lento e incluso traumático por el esquema que se creó para asegurar que los dineros no siguieran siendo la caja menor de la corrupción regional y local, como tampoco víctimas del despilfarro oficial o un barril sin fondo para financiar ‘elefantes blancos’. Es claro que el hecho de que hoy todavía exista un alto porcentaje de presupuesto de regalías sin invertir o de proyectos con muy bajo nivel de ejecución, debe llamar a revisar el sistema para darle más agilidad, obviamente sin flexibilizar en modo alguno los filtros de control y vigilancia.
Otra de las recurrentes quejas de gobernadores y alcaldes se da en relación con la necesidad de reformar la Ley de Garantías Electorales, pues si se suman los lapsos en que dicha norma estuvo y estará vigente durante sus mandatos (por las elecciones de Congreso y presidenciales de 2014 y el que está a punto de arrancar para los comicios regionales de octubre) se alcanzan los diez meses, es decir, más del 20 por ciento de los períodos cuatrienales. Siendo evidente que las restricciones establecidas a gobernaciones y alcaldías para garantizar la neutralidad política en época electoral no se pueden debilitar, sí debe analizarse la posibilidad de flexibilizar normas que limitan drásticamente la dinámica contractual y la suscripción de convenios interadministrativos.
Igualmente, no son pocos los titulares de departamentos y municipios que han urgido una reforma tributaria a nivel regional y local, por considerar, de una parte, que las finanzas seccionales y locales están en crisis por cuenta de un desequilibrado sistema de distribución de los ingresos corrientes de la Nación por la vía del Sistema General de Participaciones (SGP) y, de otra, porque es obvio que desde el nivel central se están derivando cada vez más funciones y tareas a las regiones sin que ello se traduzca en una destinación adicional de presupuesto.
No menos preocupante ha resultado el pulso cada vez más visible entre el Gobierno nacional y los departamentos y municipios en lo que se refiere al peso de la opinión de estos últimos en materia de grandes proyectos de minería, hidrocarburos e incluso viabilización de grandes proyectos de infraestructura. Nunca como durante el actual período de gobernadores y alcaldes se han registrado tantos choques de criterios y prioridades entre la agenda nacional y ministerial con los pareceres de las autoridades y habitantes de no pocas regiones.
También debe ponerse sobre el tapete que varios de los ejecutivos a escala departamental y municipal se han quejado reiteradamente porque esos niveles de administración política no tienen un papel más protagónico en las estrategias que se están delineando para afrontar la llamada etapa del “posconflicto”, lo que deriva en que las medidas que se están contemplando no responden en algunos casos a la realidad seccional y local.
A todo lo anterior deben sumarse otras inquietudes relacionadas con una participación regional más dinámica en el proceso de paz; un Plan de Desarrollo que reflejara de forma más clara las necesidades departamentales y municipales; el eterno debate sobre si debe o no establecerse la reelección en nivel regional y local; una mayor coordinación con la Fuerza Pública para un manejo más proactivo de las estrategias de orden público; las peticiones para acelerar la creación y funcionabilidad de las Regiones Administrativas y de Planificación Especial (RAPE)…
Debe ser labor del Gobierno nacional repasar cada una de esas exigencias y quejas de los actuales mandatarios, con el fin de establecer cuáles deben llevar a reformas y ajustes de orden constitucional, legal o reglamentario para asegurar un mejor funcionamiento de las administraciones seccionales y locales. Y qué mejor época para hacerlo que ahora que se avecina el relevo en gobernaciones y alcaldías.