Aunque marzo de 2026 se ve todavía como una fecha lejana, lo cierto es que solo faltan quince meses para los comicios parlamentarios, lo que significa que ya están corriendo las primeras fechas dentro del calendario electoral.

En ese orden de ideas, es necesario que desde las esferas del Gobierno Nacional Central, así como de gobernaciones y alcaldías se tomen las precauciones del caso para que no se incurra en las causales que tipifican la indebida participación en política de funcionarios públicos.

No es una prevención menor ni injustificada. Por el contrario, resulta imperativo para la marcha adecuada y transparente de las instancias gubernamentales a todo nivel que sus titulares y demás funcionarios se cuiden al máximo de interactuar en sitios públicos con eventuales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República o de intervenir en actos típicos de estrategia electoral de partidos y demás movimientos.

En ese marco, la presencia de varios ministros en el acto de lanzamiento del nuevo partido petrista, que reemplazará a la coalición del Pacto Histórico en las elecciones de 2026, constituye un antecedente muy preocupante. Por un lado, porque no se entiende qué rol oficial tenían que cumplir en un evento de política partidista integrantes del gabinete. No se trató allí ningún tema atinente a las acciones y funciones de las carteras ministeriales. Tampoco era una reunión de bancada para que funcionarios oficiales explicaran a congresistas asuntos de política pública o agenda legislativa en trámite o a proyectar.

Por más afinidad ideológica y partidista que exista entre el proceso para la construcción de la nueva colectividad y algunos de los integrantes de la nómina ministerial, nada justifica que estos últimos asistieran a un cónclave de estrategia partidista. Más aún si algunos de esos integrantes del gabinete son mencionados en los corrillos políticos como eventuales aspirantes a Congreso o Casa de Nariño.

La cuestión resultó tan confusa que ayer mismo varios dirigentes y voces ciudadanas pidieron a la Procuraduría que investigue si los ministros pudieron haber incurrido en participación indebida en política. De hecho, le correspondería al Ministerio Público, incluso de oficio si no existieran ya demandas o quejas al respecto, indagar qué fue lo que ocurrió. Si las explicaciones de los citados no son convincentes, varios de los integrantes del gabinete podrían quedar en la mira de sendos procesos disciplinarios.

Visto todo lo anterior, corresponde al Gobierno nacional emitir una directriz al respecto, con el fin de que en la época electoral que se aproxima se respeten las líneas diferenciales entre eventos proselitistas y el accionar de los funcionarios públicos.