* Violencia se ensaña con sector productivo

* Aumenta inseguridad y el desorden público

La situación de seguridad y orden público continúa deteriorándose en muchas zonas del país. Los campanazos al respecto se dan casi todos los días y aunque el Gobierno sostiene que se están movilizando todos los recursos humanos, logísticos, presupuestales y de equipamiento posibles, lo cierto es que la ciudadanía se encuentra cada vez más acorralada por la delincuencia común y organizada.

A las alertas lanzadas en lo que va corrido de enero por los gobernadores y alcaldes que se posesionaron el primero de este mes, se suma la alarma prendida por el Consejo Gremial días atrás en torno a los crecientes niveles de afectación por cuenta de los hechos de violencia contra el sector productivo en distintas partes del territorio, que no solo produjeron pérdidas económicas, sino que pusieron en peligro vidas de trabajadores y el entorno ambiental.

Los empresarios advirtieron que la falta de una respuesta contundente y efectiva por parte del Gobierno en esta materia ha exacerbado la crisis humanitaria, dejando a las comunidades locales en un estado de indefensión e incertidumbre frente a la violencia.

Un informe publicado en nuestra edición dominical dio cuenta de la grave situación que están atravesando, por ejemplo, el sector transportador, así como los cultivadores de caña de azúcar y los bananeros. En cuanto a los primeros se denunció que los conductores de vehículos de carga están siendo blanco sistemático de robos, extorsión, secuestros, atentados, quema de vehículos y otra serie de actos de agresión que les impiden trabajar normalmente. En tanto que los otros nichos agroindustriales denuncian ataques contra su personal, sembradíos e instalaciones, al igual que la exigencia del pago de ‘vacunas’. Días atrás, los empresarios madereros también alertaron sobre hostigamientos a su actividad.

En todos esos casos hay una combinación de elementos de delincuencia común y organizada que, además de nutrirse del narcotráfico, la minería criminal y otros delitos de alto impacto, están expandiendo su accionar ilegal a la extorsión, el robo de tierras y la toma a sangre y fuego de nichos productivos a nivel local y regional.

Aunque el Ministro de Defensa, que en las últimas tres semanas se ha reunido con los titulares de los gobiernos departamentales y municipales para coordinar el plan de choque en materia de seguridad en cada jurisdicción, sostiene que hay una curva de descenso en la mayoría de los delitos de alto impacto, la percepción en las regiones es la contraria: el Estado ha venido perdiendo el control institucional de amplias zonas, en donde redes criminales de distinto espectro empiezan a imperar. Las encuestas señalan, igualmente, que el pico delincuencial en áreas rurales y urbanas es lo que más preocupa a la ciudadanía, por encima de otros flagelos como el desempleo o la corrupción.

Si bien es cierto que están vigentes sendos acuerdos de cese el fuego con la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc, que se han traducido en una disminución gradual de delitos atribuidos a ambas organizaciones ilegales, en esas mismas áreas las limitantes a la operatividad de la Fuerza Pública han llevado a que otras actividades criminales se estén incrementando de forma sustancial. Una prueba de ello es que en las tres semanas largas que van corridas de este año ya se contabilizan cinco masacres y varios asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, ataques a patrullas militares y policiales, así como homicidios en hurtos y casos de sicariato en distintas zonas del país.

Es imperativo, acorde con la petición de mandatarios territoriales y gremios, un ajuste más drástico a la estrategia de seguridad y orden público. De entrada, por ejemplo, aunque es muy positivo que se tenga planeado que este año sean enganchados 20 mil nuevos policías y 15 mil soldados profesionales, muchos alcaldes y gobernadores han advertido que requiere más pie de fuerza, así como un fortalecimiento de los equipos técnicos y humanos de inteligencia.

Nada más peligroso para el país que un gobierno nacional que siga desatendiendo las alertas crecientes sobre la inseguridad y el desorden público. Hay fallas evidentes en la estrategia -tanto a nivel urbano como rural-, al tiempo que aumentan los niveles de victimización de la población y el sector productivo. Optar por el expediente fácil e irresponsable de considerar que muchas de esas alarmas de distintos sectores tienen un sesgo político o ideológico, es absolutamente inconveniente. Se requiere un plan de choque más efectivo. Las medidas y soluciones implementadas hasta el momento son abiertamente insuficientes.