La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a varios testigos clave, entre los que se encuentra Pedro Castro, presunto prestamista de las 'coimas' que fueron entregadas a Iván Name y Andrés Calle, expresidente del Senado y la Cámara, en el caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Castro, citado por el magistrado Francisco Farfán para el próximo 21 de enero a las 9 de la mañana, se suma a una larga lista de implicados en el caso en el que han sido relacionados varios funcionarios del alto Gobierno, entre ellos la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien tiene medida de aseguramiento, así como el exministro Ricardo Bonilla, a quien estas acusaciones le costaron su cargo en la cartera de Hacienda.

Junto con el presunto prestamista, también fueron citados tres conductores vinculados con Ortiz, identificados como Víctor Cárdenas, Yalid Omeye Castellanos y Orlando Marín Páez. En sus casos, las diligencias se llevarán a cabo entre el 24 y 29 de enero. Asimismo, el Alto Tribunal le pidió a Miguel Ángel Bejarano, el chófer de Olmedo López, y Diego Sierra, conductor del exsubdirector Sneyder Pinilla, a rendir declaración el próximo 31 de enero.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación tendrá un plazo de cinco días para entregar a la Corte Suprema las declaraciones y los elementos probatorios aportados por Luis Eduardo López Rosero, alias ‘El Pastuso’, quien habría quedado a cargo del contrato de los cuarenta carrotanques que debían llevar agua a La Guajira.

La importancia de Pedro Castro

Si bien la Fiscalía sigue con las indagaciones en medio de este caso, de momento se intuye que Castro sería uno de los facilitadores de los dineros para que Sandra Ortiz llevase las coimas a Name y Calle. Allí, los dos congresistas buscarían impulsar reformas del gobierno Petro, más allá de que el expresidente del Senado se ha declarado múltiples veces un opositor del mandatario.

En este sentido, el ente acusador ahora busca la conexión de Castro, y sus intereses en medio de este entramado de corrupción, luego de que este fuera, presuntamente, el facilitador de 4.000 millones de pesos, de los cuales, la Fiscalía acusa que 3.000 de ellos fueron a Name, que, a su vez, habría impulsado la campaña de María Clara Name, su hija, en el Concejo de Bogotá.

Por su parte, Andrés Calle Aguas habría hecho lo propio en los comicios de 2023, con el objetivo de posicionar a su hermano en la Gobernación de Córdoba, Gabriel Calle Aguas; y a su padre, Gabriel Calle Demoya, en la Alcaldía de Montelíbano, Córdoba, puesto que ostenta actualmente. En sus declaraciones, los dos interrogados negaron la intervención de Andrés Calle en sus campañas, además del dinero aportado por el congresista.

Altos funcionarios

Con los señalamientos de Ricardo Roa por su implicación en este caso, y conocimiento de los movimientos de los dineros dentro del Congreso, el exministro dejó la cartera de Hacienda, sin ser el único alto mando del gobierno Petro vinculado al caso.

De manera reciente el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, hoy titular de la cartera, fue llamado a interrogatorio, así como el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, que acumula una nueva polémica tras su nombramiento, y la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez.

Bonilla fue relacionado al caso, luego de las declaraciones de su exasesora María Benavides, quien ante la Fiscalía destacó que, más allá de su declaración como inocente, Bonilla sí habría presionado para la firma de tres contratos por un valor de 90.000 millones de pesos. Estos beneficiarían, según la hipótesis de la Fiscalía, a por lo menos seis congresistas que integraban las comisiones de Crédito Público.

Según este planteamiento, los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y el excongresista Juan Muñoz Cabrera, verían beneficios de manera directa o indirecta, por la adjudicación de estos contratos desde la Ungrd.

No obstante, luego de ser citados a declaración por parte de la Corte Suprema, todos los funcionarios optaron por guardar silencio ante el Alto Tribunal, además de, en algunos casos, señalarse como inocentes ante los medios de comunicación.