Este es uno de los delitos que más está victimizando a los colombianos. Si bien las estadísticas de las autoridades muestran la incidencia creciente de este flagelo, esas cifras se quedan cortas frente a su dimensión real, sobre todo porque muchos de los afectados no denuncian por temor a represalias de los victimarios.

En grandes ciudades y municipios se están multiplicando las organizaciones de delincuencia común y organizada dedicadas a la extorsión, tanto a nivel urbano como rural. No solo derivan millonarias rentas ilícitas −que compiten con las del narcotráfico y minería criminal−, sino que a diario se registran homicidios, atentados, secuestros, robos, cierres de negocios y desplazamientos forzados que tienen como principal móvil el cobro de ‘vacunas’.

Aunque las autoridades, especialmente a través de grupos especializados como los Gaula y otros organismos de inteligencia, han redoblado su combate a la extorsión, este delito continúa creciendo. De hecho, su rango de afectación es cada día más amplio, en gran parte porque acceden a sus víctimas vía teléfonos celulares y redes sociales. Incluso, desde la cárcel hay organizaciones que, como si fueran una especie de ‘call center’ delincuencial, se dedican diariamente a contactar potenciales blancos, hacer exigencias de dinero, proferir amenazas y ordenar atentados y homicidios.

Para contrarrestar estas llamadas extorsivas se están aumentado los controles y pesquisas en las cárceles, sobre todo activando equipos inhibidores de señal, al tiempo que se trabaja en llave con las compañías de telefonía celular para identificar el origen de estas comunicaciones criminales.

En el Congreso también se avanza desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, está en segundo debate un proyecto de ley que pondrá más requisitos para la venta libre de SIM cards, esto con el fin de poder tener un control más eficiente de los titulares de esas tarjetas de telefonía móvil y saber si son utilizadas para llamadas ilegales.

Así las cosas, al momento de adquirir una SIM card el vendedor deberá tomar más datos del comprador e incluso se acudiría a la tecnología biométrica para una identificación más precisa. De esta forma, será más fácil para las autoridades conocer la trazabilidad de las llamadas y detectar rápidamente al titular de la línea. También permitirá localizar teléfonos robados que en muchas ocasiones son utilizados para perpetrar estos ilícitos.