El próximo 31 de diciembre los más de 1.100 alcaldes y 32 gobernadores del país cumplirán su primer año de mandato. No ha sido un arranque fácil, sobre todo por la cantidad de problemáticas a nivel regional y local, principalmente las relacionadas con inseguridad urbana, rebrote de la violencia, crisis fiscal, las controversias alrededor de medidas que afectan la autonomía territorial, así como emergencias por contingencias climáticas y más de un cortocircuito entre los ejecutivos seccionales y locales con el Gobierno Nacional Central.
Es claro que muchos de los titulares departamentales y municipales tienen sus esperanzas puestas en su segundo año de gestión, ya sea porque desde el día uno de este 2025 estarán gobernando bajo los criterios de sus propios planes de desarrollo (a diferencia de 2024 cuando casi la mitad del año estuvieron regidos por la hoja de ruta de sus antecesores), o porque ya contarán con mayor margen de acción presupuestal, luego de un arranque con los recursos comprometidos por las administraciones anteriores.
Sin embargo, desde ya comienza a tomar fuerza en no pocas poblaciones e incluso regiones la posibilidad de que los críticos y rivales políticos de los alcaldes y gobernadores inicien, a partir del 1 de enero, sendas campañas para intentar su revocatoria del mandato.
No es un fenómeno nuevo. Incluso, en 2021, cuando el país aún no salía de la crisis pandémica, se registró una ola de este tipo de mecanismos de participación ciudadana. Una situación que no solo generó una amplia preocupación por el riesgo sanitario que implicaba el acto en sí de la recolección de firmas en calles y sitios públicos, sino porque, como lo denunciaron muchos de los gobernantes a los que se intentaba remover del cargo, en la mayoría de los casos los promotores de las campañas eran los partidos y hasta candidatos derrotados en los comicios de octubre de 2019.
De hecho, en los análisis que se han realizado en torno al porqué este es uno de los mecanismos de participación ciudadana más difíciles de concretar, uno de los argumentos más recurrentes es que suele utilizarse más como un instrumento de revanchismo político y electoral o incluso de fachada para futuras candidaturas, que como termómetro de evaluación objetiva de la gestión de los mandatarios de turno.
Entre 2021 y 2022 se alcanzaron a inscribir más de 143 comités promotores de estas iniciativas de revocatoria, pero hacia septiembre de este último año solo se habían votado de manera efectiva tres: Cúcuta (Norte de Santander), Susa (Cundinamarca) y Aguachica (Cesar). Un número muy bajo si se tiene en cuenta que inicialmente estaban en la mira 140 mandatarios municipales y tres gobernadores.
¿Qué pasó con el resto? En una treintena de casos hubo desistimientos anunciados dentro de los términos legales, pero en gran parte de los mecanismos todo el proceso se truncó al no alcanzar los volúmenes de firmas requeridos para lograr la convocatoria a las urnas.
Al final, de ese alud de 143 campañas, solo una terminó en la remoción efectiva del alcalde. Fue el caso de Susa, en donde se le revocó el mandato a Ximena Ballesteros Castillo, siendo la segunda vez en que, desde 1996, esto ocurrió. La primera fue en 2018 en Tasco (Boyacá).
Resulta, entonces, evidente que la figura de la revocatoria del mandato requiere una reingeniería tanto normativa como de educación ciudadana. De hecho, hay expertos que advierten que realizarse sobre el primer año de gestión resulta un error mayúsculo, porque, como ya se dijo, todo alcalde y gobernador durante la mitad de ese periodo gobierna con el Plan de Desarrollo de su antecesor, al tiempo que ve limitada su capacidad de cumplir sus promesas electorales, ya que el presupuesto está muy comprometido por gastos e inversiones determinadas por la anterior administración.
Por otra parte, no se puede desconocer que muchos alcaldes y gobernadores que se enfrentan a este tipo de campañas de revocatoria, en lugar de dedicarse a cumplir su gestión, emprenden una segunda estrategia proselitista para evitar ser sacados del cargo. Esto, obviamente, termina afectando el rendimiento de la Administración pública e incluso generando prácticas de clientelismo y corrupción.
A lo anterior, habría que sumar que las fuentes de financiación de las campañas de revocatoria suelen ser una zona muy gris, más aún por la poca capacidad de las autoridades electorales para controlar este flujo de recursos.
Como se ve, cuando empieza a tomar fuerza ya la posibilidad de campañas para revocar los mandatos de los actuales gobernantes en varias regiones, asoman de nuevo las dudas y vacíos sobre una figura que, en el papel, tiene un objetivo claro, pero, llevada a la práctica, pierde su esencia de control político directo y se desdibuja gravemente. Urge un análisis a fondo.