* Colombia no puede tolerar violación de DD.HH.
* HRW, OEA y ONU señalan a dictadura chavista
La condena a la violación de derechos humanos no puede tener ninguna excusa o reserva. Subdimensionar la ocurrencia de delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones a las garantías más fundamentales no es aceptable bajo ningún punto de vista. Cualquier tipo de connivencia de los gobiernos con esta clase de actuaciones no solo va en contravía de todos los tratados firmados sobre la materia, sino que raya en una complicidad -entre pasiva y activa- que lo único que logra es perpetuar la victimización de la población y la impunidad de los perpetradores.
Así las cosas, por más que la administración de Gustavo Petro haya reanudado relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, en modo alguno significa que las autoridades de nuestro país ignoren o, menos aún, validen directa o indirectamente la violación sistemática de derechos humanos en que incurre el gobierno chavista. Un modelo represivo que no solo anuló todo el Estado de Derecho, cooptó los poderes públicos, violentó el sistema democrático y vició todo proceso electoral, sino que persigue a la oposición y ha forzado a más de seis millones de sus nacionales a huir al exterior.
Resulta, entonces, más que lógico el llamado que ayer hizo la reconocida organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) al gobierno Petro en el sentido de que en el marco de la nueva era de relaciones con el régimen Maduro “Colombia debe priorizar obtener compromisos concretos de las autoridades venezolanas para respetar los derechos humanos; apoyar que ingrese más asistencia humanitaria; restablecer el Estado de derecho; terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Eln; y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países".
No es una postura aislada la de HRW. De hecho, en la reciente asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizó en Lima, no solo hubo una condena generalizada al régimen sátrapa de Daniel Ortega en Nicaragua, sino que varios países volvieron a urgir una acción determinante de la comunidad internacional contra la dictadura venezolana. Incluso, trayendo a colación que el régimen chavista está violando la Carta Democrática y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se rechazó la intención de algunas naciones afectas a Maduro en el sentido de reconsiderar el reconocimiento del ente multilateral al embajador designado por el gobierno del presidente interino (reconocido así por más de 50 gobiernos) Juan Guaidó.
Semanas atrás Naciones Unidas también había reiterado sus alertas sobre la grave situación en el vecino país. La Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela advirtió que los servicios de inteligencia oficiales continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad. "Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", denunciaron los responsables de la misión, recalcando que se trata de un “… plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro”.
Incluso, las graves acusaciones que penden sobre la dictadura chavista fueron uno de los elementos determinantes para que Venezuela no fuera reelegida en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Varias de las principales organizaciones no gubernamentales en la materia habían llamado al pleno del ente multilateral a no votar por la candidatura chavista, principalmente porque podría enviarse el mensaje equivocado al resto del mundo en torno a una postura flexible con un régimen autoritario como el que impera en el Palacio de Miraflores.
Visto todo lo anterior, queda claro que por más empatía política e ideológica que haya entre los gobiernos Petro y Maduro, nuestro país no puede tener una actitud de connivencia ni complicidad pasiva con la violación de los derechos humanos en que incurre el régimen dictatorial. Hacerlo no solo rompería una larga tradición colombiana de respeto a los tratados internacionales y a la Carta Democrática, sino que iría contra la evidencia del sufrimiento de un pueblo hermano que registra centenares de presos políticos, millares de desapariciones forzadas, dirigentes opositores encarcelados o en el exilio, así como la diáspora poblacional más dramática de este siglo en el continente. Como se dijo al comienzo: ante delitos de lesa humanidad y vulneración de las garantías fundamentales no pueden existir posturas tibias ni flexibles.