* Alertas de la Contraloría en un solo mes
* Tomar correctivos urgentes y efectivos
No se sabe qué termina siendo más preocupante: que la Contraloría General de la República lance un total de 60 alertas en torno a recursos públicos en riesgo; o que la sumatoria de esos casos de alarma sea de cinco billones de pesos; o que estos campanazos correspondan solo a los que dio en el lapso de un mes el ente de control fiscal. En realidad, las tres son circunstancias absolutamente graves y evidencian que, aunque el foco de la atención pública esté puesto en estos momentos en otro tipo de reformas, uno de los mayores problemas del país, frente al cual no se ven mayores propuestas de ajuste o cambio a fondo, continúa siendo el de la deficiente transparencia en el manejo de los recursos oficiales, es decir del erario, de la plata que pertenece a todos los colombianos.
Esas 60 alertas fueron advertidas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que mediante el uso de la analítica de datos identifica presuntos riesgos de control fiscal. El mecanismo pudo detectar que hay 18 casos preocupantes que involucran dineros del Sistema General de Regalías, 15 más en el sector de Minas y Energía, 11 en fiducias, cinco más en obras públicas de Infraestructura, e igual número en proyectos y programas relacionados con el posconflicto así como en las reclamaciones al fondo cuenta de Adres por accidentes de tránsito. Finalmente, hay un caso relacionado con inversiones oficiales en vivienda y Saneamiento Básico.
El caso que más recursos tiene en riesgo es el relacionado con los recursos públicos que son administrados a través de fiducias, sobre todo por el valor de los activos para el periodo comprendido entre 2010 y 2021. Las alertas aquí son once pero el monto llega a 4,8 billones de pesos. La Diario identificó peligros asociados a negocios fiduciarios para la construcción de obras públicas con dineros que no se han movido durante el periodo comprendido entre 2018 y 2021. Bogotá (4 alertas), Nación (2), Valle del Cauca (2), Antioquia (1), Caldas (1) y Magdalena (1) concentran los casos en donde están en peligro presupuestos que, por ejemplo, superan la inversión general este año en subsidios de vivienda o en el Programa de Alimentación Escolar y otros rubros de alto impacto en materia de inversión social.
Es imperativo que el Gobierno nacional y demás entidades públicas así como los entes de control entren a investigar a fondo qué es lo que está pasando con estos billonarios recursos, por qué no se han ejecutado, de quién es la responsabilidad y cuáles son los correctivos que se tomarán para descongelarlos y que cumplan su propósito, obviamente bajo criterios de transparencia y eficiencia. Un país que desde la crisis pandémica ha tenido que priorizar muchas inversiones y destinaciones presupuestales, más aún en medio de un escenario fiscal deficitario, no puede darse el lujo de mantener inactivos 4,8 billones de pesos.
Las otras 59 alertas, si bien son por un monto menor, también requieren una acción efectiva en la misma dirección, sobre todo en lo relativo a los proyectos en riesgo de las regalías, las anomalías en subsidios en el servicio de energía para los estratos 1, 2 y 3, las alarmas en cuanto al modelo de seguimiento a recursos para el posconflicto así como las presuntas irregularidades en las reclamaciones al Adres por accidentes de tránsito cuando no existe un SOAT para cubrir gastos médicos, de transporte o por fallecimiento, entre otros casos advertidos por la Contraloría.
Una vez más se pone sobre el tapete que pese a la voluminosa normatividad para evitar la corrupción, el desgreño administrativo o la falta de eficiencia y transparencia en el manejo de lo público, las anomalías o las situaciones de riesgo del erario continúan presentándose. Si se parte de la base de que estas alertas por más de cinco billones de pesos corresponden a las lanzadas por la Diari solo en marzo, es de suponer que los montos en peligro correspondientes a otros lapsos son mayores. Y esa circunstancia lleva a que la preocupación sea más alta, por obvias razones.
Como se dijo al comienzo, esta es una problemática bastante compleja y de vieja data. Sin embargo, ahora, gracias al control preventivo y concomitante que ejerce la Contraloría y a las nuevas herramientas de vigilancia y modelos tecnológicos con que se cuenta, las alarmas se pueden encender con mayor antelación antes de que el daño al erario sea irreversible. Lo importante, entonces, es que se tomen medidas de forma inmediata. Eso es lo que espera el país.