* Acelerar lo penal, disciplinario y fiscal
* Urge individualizar responsabilidades
El proceso de ajuste al sistema de aseguramiento en salud está en pleno auge. Y no sólo desde las instancias gubernamentales y legislativas, sino por la acción de los entes de control, que sin duda son los encargados de investigar la veracidad de las denuncias sobre focos de corrupción e ineficiencia funcional que llevaron a que todo el andamiaje que debe garantizar la atención médica a millones de colombianos estuviera hace pocos meses al borde de la inviabilidad y la crisis generalizada.
Esta semana se han producido sendos pronunciamientos que llevan a pensar que las anomalías denunciadas no quedarán en la impunidad, claro cuando las pruebas y el respeto al debido proceso así lo señalen objetivamente. No se puede desconocer que el eco mediático del escándalo salpicó a todas las instituciones públicas y privadas del sistema, y por lo mismo es urgente individualizar culpabilidades para evitar señalamientos y generalizaciones injustas.
De un lado, trascendió que la próxima semana los representantes de varias Empresas Promotoras de Salud (EPS) deberán rendir testimonio en la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo en torno del posible desfalco al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) a través de recobros ilegales por servicios y medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Como se sabe, ya hay varios capturados dentro de este proceso, pero las pesquisas deben ir más allá para descubrir toda la estructura criminal que se habría montado para esquilmar los recursos de la salud.
De igual manera, la Contraloría General reiteró que avanzan las indagaciones para establecer los responsables de millonarios detrimentos al erario por cuenta de irregularidades como un presunto ‘cartel’ de medicamentos cuyo modus operandi se basa en elevar injustificadamente los precios de las drogas vendidas o cobradas al sistema. Igual se investiga sobre posibles irregularidades por parte de varias EPS bajo la figura de contratación per cápita.
A su turno, la Procuraduría hizo un llamado a los alcaldes salientes que adeudan más de $ 188.000 millones a ocho EPS del régimen subsidiado. El Ministerio Público también advirtió que algunas de estas últimas entidades no están girando la totalidad de los dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que han contratado con la red prestadora, ni los de la contratación por eventos y otras modalidades. Ambas falencias afectan de manera grave la prestación de los servicios y producen un evidente detrimento de los derechos de los usuarios.
Aunque no se puede desconocer que se trata de investigaciones muy complejas y que requieren un delicado proceso de recolección y análisis de pruebas, además de cruces de información con múltiples entidades y actores del sistema del aseguramiento en salud, crece la inquietud en la opinión pública que reclama más celeridad en las pesquisas con el fin de establecer claramente quiénes son los verdaderos responsables de la crisis. No se puede perder de vista que el propio Gobierno ha indicado que el desfalco podría ser billonario y es obvio que el paso del tiempo sin que se produzcan decisiones de fondo sólo favorece a las redes de corrupción públicas y privadas que ganan un margen de acción para tratar de esconder o borrar el rastro de los ilícitos en que incurrieron.
Deberían, por tanto, crearse unidades de investigación especializadas en los distintos entes de control y vigilancia, tal como se hizo en el tristemente recordado caso de Foncolpuertos. En la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y las superintendencias que tienen que vigilar a los distintos actores del sistema, tendrían que dedicarse equipos exclusivos para ahondar y acelerar los procesos. El propio Gobierno bien podría destinar partidas presupuestales extraordinarias para garantizar que esas unidades exclusivas cuenten con el suficiente y capacitado recurso humano y técnico para agilizar sus indagaciones y así poder en el corto plazo señalar las respectivas responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales que sean del caso. El paso del tiempo sólo favorece el riesgo de impunidad. Eso es innegable.