* ¿Cuál será la política antidrogas?
* La crisis de seguridad en Colombia
A propósito de la visita del presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos, que se lleva a cabo esta semana, resulta evidente la importancia de la jornada en la que se reunirá con su homólogo norteamericano, Joe Biden. Será el momento en el que, frente al combate al narcotráfico, se pueden (y se deben) señalar claramente los objetivos, sincronizar las metas binacionales dentro de adecuados criterios de corresponsabilidad y depurar la metodología para saber, a ciencia cierta, a qué atenerse frente a la dispersión de las cifras y los diferentes estamentos que intervienen en la elaboración de la data.
De hecho, uno de los primeros temas en consideración tendrá que ver con la intempestiva modificación de los términos señalados para la reducción de los cultivos ilícitos. No en vano el gobierno Petro rebajó sustancialmente los rubros, cambiando de improviso las 50.000 hectáreas anuales que se pretendían por un porcentaje bastante inferior. Todo ello, por supuesto, bajo la fementida tesis del supuesto fracaso de la lucha contra las drogas ilícitas cuando, por el contrario, hoy más que nunca se requieren redoblar los esfuerzos y ganar el terreno perdido durante los últimos años.
Bien se sabe al respecto que Colombia obtuvo los mejores índices en la materia, en 2012 y 2013, durante la primera administración de Juan Manuel Santos, cuando de haber seguido por ese rumbo estratégico el país no habría sufrido el inusitado auge que hoy lo tiene con cerca de 250.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos y bastante más de mil toneladas de exportación de los alcaloides, con unos réditos absolutamente exorbitantes (en medio de grandes fluctuaciones del mercado). Además, con un consumo interno que se ha convertido en un agudo dolor de cabeza al que algunos prefieren no ponerle antídoto de ninguna especie.
En efecto, por aquella época el país llegó a contar tan solo con 45.000 de hectáreas totales sembradas en cultivos ilícitos y probablemente con un esfuerzo adicional se habría podido desterrar el flagelo del territorio en un período relativamente corto. Por el contrario, esa estrategia que venía dando sus frutos fue suspendida a rajatabla por el mismo gobierno a raíz de un fallo de la Corte Constitucional que, si bien ordenó suspender la fumigación con glifosato, no cerró las puertas a otras opciones. No obstante, esas alternativas fueron archivadas paulatinamente y ahora se opta por hablar, no sin sofismas, del presunto fracaso de la lucha antidrogas en vez de reconocer que más bien se dio un viraje integral a una metodología que tenía una ruta crítica claramente establecida, con hitos importantes.
Ahora, como resulta evidente, el campesinado ha sido presa de las bandas multicrimen que, desde entonces, desdoblaron sus acciones para incrementar la siembra, producción y tráfico de estupefacientes, multiplicándolas y cubriendo mayores áreas en los territorios de influencia. En esa dirección, los líderes sociales y desmovilizados de acuerdos de paz anteriores siguen cayendo asesinados en el trágico propósito criminal de despejar, a su macabro gusto, los corredores estratégicos del narcotráfico. Incluso, en medio de un supuesto y amorfo cese de fuegos decretado por el gobierno (suspendido de forma momentánea) y a la larga evidentemente proclive a los intereses delictivos de los transgresores, entre otras, también dedicados a expandir su “modelo de negocio” con actividades adicionales igualmente lucrativas, como la minería criminal. Esto, como se sabe, dentro de las paradójicas consignas de paz gubernamentales que, por ejemplo, la prestigiosa revista internacional “The Economist” acaba de tildar de simples consignas de campaña. Y que, en realidad, prevalecen con unas consecuencias dramáticas sobre los derechos humanos en la nación.
En este sentido, la crisis de seguridad en Colombia quedó patentada en el último debate, en el Congreso, donde la sensación de desamparo estatal en muchas de las regiones del país se hizo evidente en las intervenciones de la gran mayoría de parlamentarios, incluso oficialistas, por lo cual no es de extrañar la vigencia del lema en auge de “libertad y orden”, proveniente de gobernadores y alcaldes.
Es en este marco general que se producirá el encuentro Biden-Petro. No se sabe si el presidente colombiano mantendrá la misma línea estridente de su discurso en la ONU, hace unos meses, acusando a los Estados Unidos de todos los males habidos y por haber en el mundo: petróleo, cocaína, cambio climático, guerra en Ucrania... en fin. O si, por el contrario, abandonará la galería “antimperialista”, tan satisfactoria al izquierdismo, como verbigracia acaba de ocurrir con el declinante presidente chileno, Gabriel Boric (según su reciente apología petrista en la revista TIME), y entenderá que hace tiempo terminó la campaña presidencial y es momento de un punto de encuentro en tantos temas compartidos con nuestro principal aliado. Amanecerá y veremos…