* Gobernaciones y alcaldías avanzan el proceso
* Cortocircuitos entre lo nacional y lo territorial
El principio de planificación es una de las mejores herramientas de la Constitución de 1991. No solo introdujo un concepto clave a la administración pública, sino que por esa vía fortaleció la capacidad de la ciudadanía para hacer veeduría y seguimiento a la gestión de los funcionarios oficiales, ya sean de elección popular, libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa.
De allí que en estos momentos una de las tareas prioritarias en los departamentos y municipios sea, precisamente, la construcción de los Planes de Desarrollo, que no solo contienen los objetivos fundamentales a cumplir en los mandatos de los gobernadores y alcaldes que asumieron el pasado 1 de enero, sino que aterriza en cifras, programas y metas específicas lo que debe ser este cuatrienio gubernamental. En ese orden de ideas, los habitantes tendrán una norma legal que les permitirá hacer control político efectivo sobre los ejecutivos territoriales, incluso de cara a procesos como los de revocatoria del mandato que, como lo establecen la normatividad constitucional y legal, se pueden activar una vez cumplido el primer año de gobierno.
La confección de un Plan de Desarrollo a nivel departamental o municipal responde a un proceso complejo. Durante sus primeras semanas, las gobernaciones y alcaldías dedicaron gran parte de sus energías a la redacción del texto respectivo, que debe hacerse con base no solo de lo prometido en campaña sino también de un ejercicio amplio de consulta y participación ciudadana, con miras a diseñar una hoja de ruta objetiva, realista y que acompase la disposición de recursos y la voluntad política del mandatario de turno con las principales necesidades y exigencias de los habitantes en la respectiva jurisdicción.
Una vez se consolidó ese primer borrador, el mismo fue enviado (antes del 29 de febrero) al Consejo Territorial de Planeación (CTP), instancia conformada por representantes de la sociedad civil provenientes de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios y grupos poblacionales. De igual forma, el documento debió remitirse a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) de cada jurisdicción.
Una vez estas dos instancias dan sus respectivos conceptos y recomendaciones (plazo que vence precisamente mañana), el borrador del Plan es ajustado con miras a obtener una versión final que es radicada, mediante proyecto de acuerdo o de ordenanza, ante los concejos o asambleas. Cumplida esta fase, los legislativos territoriales deben priorizar el análisis y debate de estas iniciativas fundamentales, con miras a que antes del 31 de mayo sean aprobadas. Ya solo restaría la respectiva promulgación y arrancará la implementación y ejecución.
Resulta evidente que los Planes de Desarrollo tienen un marco al cual subordinarse. De un lado, está todo el conjunto constitucional y legal. Por otra parte, hay que acompasar sus metas y objetivos con las del Plan Nacional de Desarrollo, que ya es ley vigente y superior en jerarquía normativa. De allí que una de las instancias clave en todo este proceso sea, precisamente, la asesoría y acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación.
Sin embargo, en este complejo mecanismo hay una serie de elementos coyunturales a tener en cuenta. De un lado, no se puede perder de vista que hay cortocircuitos políticos e ideológicos entre el gobierno nacional y no pocas gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales, intermedias y municipios de distintas categorías. Cortocircuitos que van más allá de asuntos partidistas y entran en visiones distintas en materia de política económica, social, ambiental, de recursos naturales, sanitarios, de inversión prioritaria, seguridad, infraestructura, sistemas de transporte y otros campos clave. Visto ello, es necesario buscar puntos de equilibrio funcionales ya que así como el Plan Nacional de Desarrollo responde a un mandato popular, también los planes de desarrollo del orden territorial.
De igual manera, hay que acompasar cifras y diagnósticos sobre prioridades e indicadores de gestión. No menos imperativo resulta que estos procesos de coordinación en la planificación se den en el marco de la colaboración armónica entre los distintos niveles gubernamentales. No se trata de terminar en pulsos de poder y choques de competencias y facultades.
Como se dijo al comienzo, la planificación es vital para la eficacia de la administración pública, la veeduría ciudadana y la labor de control político por parte de los concejos y las asambleas. Un proceso en el que el país todavía está a medio camino, más aún porque las jornadas de rendición de cuentas siguen sin volverse escenarios proactivos y determinantes para evaluar qué tanto los gobiernos cumplen con lo que establecen los respectivos planes de desarrollo.