No en pocas ocasiones las medidas que se implementan en Bogotá para afrontar fenómenos o situaciones anómalas se terminan replicando progresivamente en el resto del país. La ciudad hace las veces, entonces, de laboratorio en tiempo real para medir el impacto de nuevos controles, restricciones o autorizaciones. Ello comporta una doble ventaja. De un lado, que a diferencia de otros experimentos en los que la eficacia o efectividad de esas normas se prueban primero en pequeñas zonas o jurisdicciones focalizadas, y luego sí en un ámbito más amplio, en Bogotá ocurre todo lo contrario: las normas que se piensan implementar se miden en una ciudad en la que conviven más de siete millones de personas y que es sin duda la urbe más grande, moderna, multicultural y compleja del país. Esta circunstancia representa un camino señalado para el resto de alcaldías y departamentos, pues al evidenciarse que determinada medida funcionó en la capital del país, entonces la posibilidad de que ocurra lo mismo en jurisdicciones más pequeñas y menos complejas es alta, obviamente con las adecuaciones propias a las particularidades de cada municipio o región.

La segunda ventaja se basa en que desde las esferas del Gobierno nacional e incluso del Congreso se toma como ejemplo lo que da resultados en la capital del país para tratar de replicarlo o normativizarlo en el resto del territorio. Esto implica, de un lado, apoyo presupuestal a las regiones y, de otra parte, la posibilidad de que se aprueben leyes que establezcan la obligatoriedad de tales cambios en toda Colombia. 

Medidas como la restricción al tráfico vehicular (más conocida como Pico y Placa), las primeras restricciones a la venta y uso de pólvora, el sistema de transporte público basado en buses articulados y troncales exclusivas (Transmilenio), programas de cultura ciudadana así como mecanismos locales en los ámbitos de seguridad, convivencia social, cobertura en servicios públicos y ajustes institucionales, entre muchos otros, han sido puestos primero en práctica en Bogotá y luego, al ver su rendimiento positivo, adoptados por otras capitales y municipios.

Y lo mismo debería pasar con la entrada en vigencia ayer de la norma distrital que prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal (es decir las carretas haladas por equinos, conocidas popularmente como ‘zorras’). En la segunda década del siglo XXI era absolutamente intolerable que en una ciudad que se precia de ser una de las más modernas de América Latina aún se permitiera esta modalidad de transporte arcaica, caótica y violatoria de los derechos de los animales. La Administración de Bogotá adelantó un proceso en el que a los carreteros se les apoyó con recursos y herramientas para que dejaran de depender de los caballos en su diario vivir, en tanto que a los equinos se les sometió a un proceso de recuperación sanitaria con miras a ser adoptados por familias que les pudieran garantizar una vida sin explotación ni tratos crueles.

Esta medida debe ser replicada en todo el país lo más pronto posible. Tiene que hacerse de manera ordenada y progresiva. Bogotá ya delineó el camino, el Gobierno nacional y el Congreso pueden seguirlo.