Una  vez más está sobre la mesa la polémica alrededor del uso de artículos pirotécnicos por parte de particulares en estas festividades decembrinas y de cambio de año. Esta semana el Ministerio de Salud reportó que ya son 70 las personas que han resultado lesionadas por la pólvora, de las cuales 26 son menores de edad.

Antioquia, en donde se acostumbra a festejar la llegada del último mes del año, encabeza el listado, con 52 casos. Lo más grave es que las heridas sufridas no son todas leves, sino que hay nueve víctimas que registraron amputaciones por la manipulación indebida de los artículos pirotécnicos.

Es claro que en la mayoría de estos casos los productos que causaron las heridas a las 70 personas fueron conseguidos de manera clandestina, pues la ley tiene prohibida la venta a particulares de estos artículos pirotécnicos. Tampoco puede desconocerse que la Policía y las administraciones municipales han extremado los controles para detectar a tiempo los puntos de venta informal. De manera simultánea, desde noviembre están al aire las campañas pedagógicas para concienciar a los padres de familia y los adultos responsables de la peligrosidad que implica el uso de los artículos pirotécnicos así como de las sanciones que se impondrán a quienes dejen que los menores los utilicen. Incluso, ya es de conocimiento nacional que sólo se permite manipular estos productos a los profesionales previamente certificados y con destino a espectáculos públicos autorizados.

Sin embargo, los quemados siguen registrándose, si bien no en las cifras de años anteriores. ¿Qué hacer? Una opción sería que las medidas restrictivas se agraven aún más. Por ejemplo, podrían imponerse castigos más ejemplarizantes a quienes continúen vendiendo o adquiriendo ilegalmente elementos de pirotecnia.

Ahora, si bien ya hay un cambio cultural frente al uso de la pólvora y que las familias terminaron por tomar conciencia de la gravedad de este hecho, en muchos casos no se acude a la denuncia pública de quien sí la utiliza y pone en peligro no sólo a los suyos sino a la comunidad entera. Para hacer frente a esta falencia se podría, entonces, plantear incentivos para aquellos que señalen a los infractores.

Pero, en el fondo, es evidente que más temprano que tarde en Colombia habrá que asumir el debate de fondo para acabar de una vez por todas con este flagelo de las personas quemadas: analizar si se debe prohibir la producción a particulares y centralizarla en cabeza del Estado para asegurar así su comercialización y uso legal en espectáculos públicos.

Sólo cuando esa discusión se dé en profundidad y se planteen mecanismos para apoyar a las empresas y personas que dependen de este producto, el eterno drama de los quemados en diciembre empezará a ser cosa del pasado.